Justicia – AUIEMSS

15 seSeptiembre 2024, el fin de la República en México

*Dr. Julián Germán Molina Carrillo.

El 15 de septiembre de 2024, pasará a la historia de México, como el día en que desapareció la república, tal como la habíamos conocido, desde el constituyente de 2017, con la división de poderes y un régimen democrático fundamentado en la voluntad soberana del pueblo, establecida en el artículo 39 de nuestra Carta Magna.

Señalo lo anterior, por que en esa fecha, el Presidente de la República, ordenó la publicación en el Diario Oficial de la Federación del Decreto mediante el cual se aprueba la reforma al Poder Judicial de la federación y se establece un mecanismo mediante el cual en 2025 se elegirán a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Magistrados de Circuito y Jueces federales a través del voto de los ciudadanos y mediante una tómbola en la que se elegirán, no a los más aptos, sino a quienes buscarán los cargos, aún sin contar con la experiencia y carrera judicial, para llevar a cabo tan importante labor en la impartición de justicia.

Con la aprobación de la reforma, se elimina la independencia judicial porque quienes lleguen a ocupar los cargos mediante el procedimiento citado, estarán sujetos a la supervisión del Tribunal de Disciplina Judicial integrado por cinco miembros que se elegirán bajo el mismo procedimiento y requisitos para ocupar el cargo de Ministro de la Suprema Corte, sin tomar en cuenta que sus facultades y responsabilidades son totalmente diferentes.

Pero vayamos al hecho de que este Tribunal de Disciplina Judicial, se encargará de investigar y sancionar a todos los funcionarios judiciales, iniciando, tramitando y resolviendo el procedimiento de responsabilidad administrativa; sin embargo se convertirán en un super poder que lejos de sólo un revisor de las actuaciones judiciales, sin duda alguna se convertirá en un tribunal inquisitorio cuya actuar será discrecional y gozará de total impunidad, debido a que la misma reforma, no establece quien vigilará a los vigilantes lo que les dará un estatus superior sobre los demás integrantes del poder judicial. Incluso no se fijaron la forma y términos en que dicho Tribunal determinará sus procedimientos de evaluación de los funcionarios del poder judicial, la legalidad de sus resoluciones y su publicidad y fundamentación, lo que traerá como consecuencia que los funcionarios judiciales queden en estado de indefensión, perdiendo no sólo su trabajo, sino también hasta su libertad en los casos en que exista una denuncia en su contra y se les abra una carpeta de investigación.

Mediante este entramado, quienes se atrevan a dictar una resolución o sentencia en contra de los intereses del gobierno federal o de los estatales, de inmediato será sujeto de la acción del Tribunal de Disciplina judicial. Así las cosas, el Poder Judicial de la federación, además de perder su independencia, quedará sujeto a las decisiones del poder ejecutivo y bajo la lupa del Poder legislativo que estará presto a tramitar juicio político contra los funcionarios judiciales que dicten resoluciones en contra de los intereses del estado. El daño al sistema de división de poderes y la pérdida de contrapesos en el gobierno, en lo inmediato se reflejará en el atraso de todos los procedimientos y juicios que se tramitan ante los tribunales federales, que ante el paro actual, se siguen acumulando y difícilmente se resolverán e el corto o mediano plazo por la falta de personal y presupuesto que se verá seriamente recortado en el presupuesto de egresos 2025 y con la desaparición de los fideicomisos que el gobierno federal absorberá por medio de la Secretaría de hacienda.

salida de 300 magistrados de circuito que han solicitado su jubilación en días pasados y la renuncia masiva de jueces de distrito en los próximos días que no participarán en los procesos de elección en 2025, reflejan un panorama desastroso para la impartición de justicia del país, ya que al eliminar la carrera judicial y ante los bajos salarios que se asignarán muchos de ellos han decidido no continuar en el poder judicial. Por todo ello, el control del Poder Judicial federal, es un golpe mortal a nuestra república y no hay forma de revertir las consecuencias. Más ahora que a unos días de que asuma la presidencia Claudia Sheinbaum, quién había planteado la separación del Gobierno del Partido, fue desmentida por el hijo de AMLO Gonzalo Lopez Beltran Secretario de Organización de Morena, quién a través de la red X, señaló que: “ la disidencia en la nación y en el partido es traición a la patria y nos corresponde defender a México, al pueblo y a MORENA que en realidad son uno sólo”

*Director fundador del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla.

Administración de Justicia y Estado de Derecho

Dr. German Molina Carrillo / Por editor

Dr. Julián Germán Molina Carrillo.

Los días 25, 26 y 27 de abril, se llevó a cabo el XXXIII Congreso Nacional de la Asociación Nacional de Facultades, Escuelas, Departamentos de Derecho e Institutos de Investigación Jurídica A.C. ANFADE, con la asistencia de 120 directores y rectores de las Escuelas y Facultades de Derecho de las Universidades Públicas y privadas más importantes del país, teniendo como sede a la Facultad de Derecho de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, siendo el tema central del Congreso, La Administración de Justicia y el Estado de derecho, para lo cual se presentaron 42 ponencias que se discutieron en 8 mesas de trabajo cuyas conclusiones se discutieron en la sesión plenaria del evento, para su aprobación y seguramente en un plazo no mayor a treinta días, se darán a conocer al Foro Jurídico Nacional y a la opinión pública de México.

Cabe resaltar que como parte del programa del Congreso, se presentó una Conferencia magistral que estuvo a cargo del Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar Morales y ex presidente de la misma ,quien disertó sobre el tema en una exposición que por su contenido y los conceptos vertidos, dejó en claro la opinión del jurista sobre la situación actual que se vive en país, por el diferendo entre el Poder ejecutivo y el Poder Judicial de la Federación conformado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los tribunales federales, que han sido víctimas de las descalificaciones y ataques del Presidente desde que asumió la presidencia del máximo tribunal la Ministra Norma Piña y por el hecho de que la Corte invalidó varias propuestas de reformas legislativas propuestas por el actual gobierno, por considerarlas inconstitucionales.

En respuesta, el pasado 5 de febrero el presidente presentó ante el Congreso de la Unión, diversas reformas constitucionales, proponiendo elegir por voto popular a los Ministros y Ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, jueces y juezas, así como a magistrados y magistradas federales; reducir la duración de sus cargos, reducir su duración en el cargo, vincular sus salarios a los del poder ejecutivo; y crear un tribunal disciplinario judicial, cuya elección será además por votación popular.

Si a lo anterior, se suma el escándalo suscitado por la denuncia anónima presentada ante la Corte en contra del ex ministro y ex presidente del máximo tribunal del país Arturo Zaldívar, actual asesor para la reforma judicial que impulsa la candidata Claudia Sheinbaum, por su sometimiento a las órdenes presidenciales, por haber ejercido presión a jueces y magistrados federales para fallar a favor del actual gobierno diversos juicios que se tramitaban en tribunales federales, lo que dio lugar a que la Presidenta de la Corte, ordenara se abriera una investigación en contra de Zaldívar y funcionarios de su equipo, lo que deja en tela de juicio la independencia y autonomía del Poder Judicial Federal.

Bajo este escenario el Ministro Luis María Aguilar, quien dejará su cargo en el mes de noviembre de este año, señaló: “En las siguientes líneas daré cuenta de la indubitable vinculación entre el estado de derecho y la preservación de una judicatura independiente e integra, tomando como premisa expositiva, lo sostenido por el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la independencia de los magistrados y abogados, en su informe de 2022:” Una judicatura de integridad indiscutible es una institución esencial para hacer frente a las derivas autoritarias de los Estados y garantizar el respeto de la democracia y el estado de derecho” En otro apartado de su exposición, al referirse a la definición de lo que es el estado de derecho, citó al autor García Pelayo: “La Constitución es el instrumento a partir del cual el Estado se sujetará al Derecho, con lo que se crea entonces el Estado de Derecho.” Continuo su ponencia afirmando: “Esto es así debido a que todas las funciones estatales. no serán determinadas por el mero capricho de los gobernantes, sino forzosamente por las reglas previstas en la ley” Al referirse posteriormente a la relación del Estado de derecho y la independencia judicial, se refirió la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de la Corte Suprema de Justicia (Quintana Cuello y otros) vs. Ecuador, del 23 de agosto de 2013, el tribunal interamericano dijo: “el ejercicio autónomo de la función judicial debe ser garantizado por el Estado tanto en su faceta institucional, esto es, en relación con el Poder Judicial como sistema, así como también en conexión con su vertiente individual, es decir, con relación a la persona del juez especifico.

El tribunal interamericano estimó pertinente precisar que la dimensión objetiva se relaciona con aspectos esenciales para el estado de derecho, tales como el principio de separación de poderes, y el importante rol que cumple la función judicial en una democracia. Después de citar otros casos de tribunales latinoamericanos concluyó: existe un vínculo indisoluble, prácticamente de carácter simbiótico entre el estado de derecho, y la independencia judicial. La labor del juez tiene que estar sustentada en una independencia real y absoluta, si un juez no tiene independencia, será cualquier cosa, menos un juez. Será el mandadero de alguien, será el recadero de alguien, será el amanuense, pero no será un juez. Para ser independiente, el juez debe apegarse a una serie de conductas y actitudes que le permitan resolver sin ninguna presión.

Así el juez debe rechazar cualquier influencia extraña a la del derecho y debe abstenerse de propiciar para el mismo y para otros juzgadores cualquier injerencia indebida. El juez debe evitar la concesión de privilegios a alguna de las partes y mucho menos aceptar dádivas que además son parte de la terrible y nefasta corrupción que existe en muchos ámbitos. Finalmente exhorto a los ciudadanos, a los estudiosos del derecho y los juzgadores para trabajar con infatigable perseverancia para preservar la independencia judicial para preservar el estado de derecho. Sin duda alguna que el mensaje de Luis María Aguilar, es un anhelo de la urgente necesidad de que los mexicanos en las elecciones del domingo dos de junio, reflexionemos seriamente, sobre la necesidad de luchar por preservar tanto la independencia judicial, como el estado de derecho, que se encuentran en riesgo, ante la aprobación de reformas constitucionales que buscan a toda costa controlar el Poder Judicial de la Federación y politizar la designación de los funcionarios judiciales.

*Director general del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla.