Guerrero – AUIEMSS

Guerrero y Campeche estados fallidos

*Dr. Julián Germán Molina Carrillo.

Sin ánimo de descalificar o poner en duda la capacidad y talento de las gobernadoras de Morena que actualmente dirigen los destinos de seis estados del país, que son. Marina del Pilar Ávila de Baja California, Layda Sansores de Campeche, Indira Vizcaino de Colima, Evelin Salgado en Guerrero, María Elena Lezama en Quintana Roo y Deldina Gómez en el Estado de México; la situación en estados como Guerrero y Campeche no atraviesan por su mejor momento y las últimas semanas han estado en el centro del debate, por la grave crisis de violencia, inseguridad y empoderamiento de los carteles del narcotráfico que han tomado el control de Guerrero, provocando el colapso de las principales actividades económicas, con los cobros de piso, extorsiones, homicidios, desapariciones, paros del transporte público, provocando un clima de terror y miedo entre la población, que aún no atina a entender, ¿cuál es el grado de complicidad entre las autoridades estatales y municipales con la delincuencia organizada? que les han permitido actuar con la mayor impunidad y violencia a plena luz del día y sin que nada, ni nadie sean capaces de frenar la situación.

Las policía estatal y las municipales, desde hace varios meses, han dejado la seguridad en manos de la guardia nacional, el ejército y la marina; sin embargo la situación no ha mejorado y lejos de ello, los carteles que se disputan el estado y los principales municipios, continúan con los enfrentamientos, ante una población civil, que después de la tragedia del huracán Otis, aún no termina por recuperar sus empleos y viviendas y que ya ha sido abandonada a su suerte por el gobierno federal, que da por hecho que se ha cumplido con la reconstrucción del puerto de Acapulco y ha dejado de enviar ayuda a la población más afectada por el huracán.

Las denuncias y balaceras en Guerrero, ya sea en Chilpancingo la capital, Iguala, la costa y Taxco, se han vuelto parte de la cotidianidad y la Gobernadora Evelyn Salgado y su equipo de seguridad, así como la fiscalía estatal, están más preocupados por tratar de tapar el sol con un dedo, que por diseñar y poner en marcha una estrategia que logre recuperar la tranquilidad y la paz en los Municipios.

El grado en que han sido rebasadas las autoridades en Guerrero, es de tal magnitud, que si no se toman acciones efectivas o se logra un pacto con los líderes de los cárteles como ya lo propusieron los obispos que finalmente lograron una tregua entre los tlacos y los ardillos ante la incapacidad e impotencia de las autoridades de los tres niveles para detener a estos grupos criminales, la situación puede volverse aún peor.

Incluso el presidente AMLO al ser interrogado sobre lo que opinaba de este pacto señalo que: estaba de acuerdo en cualquier acuerdo de paz que se llevara a cabo para lograr la tranquilidad en Guerrero; el mensaje no pudo ser más claro, porque desde palacio nacional, se lanzó la línea de que era preferible tener contentos y tranquilos a los carteles con la estrategia de abrazos y no balazos que detenerlos y encarcelarlos por la comisión de los delitos del fuero común y federal que han cometido.

Si a lo anterior sumamos el asesinato del estudiante de la normal Isidro Burgos de Ayotzinapa Yanki Khotan Gómez el pasado siete de marzo a manos de tres elementos de la policía estatal de Guerrero, de los que han sido detenidos dos y el autor material del homicidio se encuentra prófugo de la justicia, el panorama para la gobernadora Evelyn Salgado se vuelve aún más obscuro, por la inconformidad de los padres de familia de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa que sigue sin esclarecerse y que motivó hayan derribado una puerta de acceso a palacio nacional, sin que hayan sido detenidos por las fuerzas de seguridad que resguardan el inmueble.

Pero si lo anterior no fuera suficiente, el pasado jueves en Taxco Guerrero, se dio el linchamiento de una mujer, implicada en el secuestro y asesinato de la menor de ocho años Camila Gómez Ortega, quién había sido reportada como desaparecida y no fue sino hasta un día después del linchamiento en que la gobernadora apareció para dar una declaración de parte de su gobierno, comprometiéndose a dar con los responsables.

Si todo lo que vive hoy Guerrero, se hubiera dado en los gobiernos del período neoliberal ,la renuncia de Evelyn Salgado ya se hubiera consumado y el congreso estatal ya habría designado un gobernador interino y llamado a elecciones para tratar de recomponer las cosas y que un nuevo gobierno con el apoyo de la federación lograra reestablecer el orden y devolver la paz y seguridad a los ciudadanos de Guerrero; pero como estamos en los tiempos de la 4T, eso no sucederá y la población de ese estado seguirá condenada a vivir bajo un gobierno coludido con los carteles del narcotráfico y de la delincuencia organizada.

El otro caso de un gobierno morenista en crisis encabezado por una mujer, es el de Campeche con Layda Sansores, quién aún y cuando no ha hecho un gobierno con buenas calificaciones, sin obras significativas, ni con reformas en beneficio de sus gobernados, enfrenta ahora la inconformidad y el repudio no sólo de los policías estatales y de sus familias, por culpa de su Secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana Marcela Muñoz Martínez quién ordenó un operativo para el traslado de presos al penal de Kobén, donde por falta de equipamiento varios elementos resultaron heridos y mujeres policias fueron objeto de abuso sexual; situación que motivó que los uniformados exigieran la renuncia de dicha funcionaria a lo que se ha negado la gobernadora en varias reuniones , por lo que ahora no sólo los policías, sino también la población en general de Campeche exige la renuncia de Marcela Muñoz y de la gobernadora, que cuenta con el apoyo del presidente López Obrador, quién en su conferencia mañanera pidió a los policías dejen de protestar y los acusó de estar siendo manipulados por sus adversarios, lo que indignó aún más a los inconformes y hasta el momento con más de tres marchas, el conflicto no tiene visos de solucionarse y tiene al estado en un clima de malestar social e inconformidad, sin que nadie se haga responsable de lo sucedido a los elementos policiacos que sufrieron las agresiones.

Layda Sansores, fue capaz de incendiar a un estado que por lo menos en los últimos 36 años, no se había visto envuelto en conflictos sociales y protestas en contra de los gobiernos electos y que pertenecían al PRI, por lo que es evidente que la alternancia en la gubernatura no les ha venido bien y quizás de no darse un control de daños, podría llegar a costarle la cabeza a la actual gobernadora.

*Director fundador del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla.

El Estado de Guerrero S.O.S

Dr. German Molina Carrillo / Por editor

*Dr. Julián Germán Molina Carrillo.

Si algo podemos reconocer en el gobierno del presidente López Obrador en lo cual ha sido muy consistente, es en sostener a sus funcionarios en los puestos, a pesar de los errores o anomalías en los que han llegado a incurrir; las denuncias e investigaciones casi nunca proceden y terminan archivadas en la función pública o en las fiscalías cuando se trata de la comisión de delitos. La regla es que se les perdona o bien se minimizan con el objetivo de que los responsables continúen en sus puestos y al poco tiempo queden en el olvido sus faltas y desaciertos en el ejercicio de sus funciones. Ejemplos podemos citar muchos a lo largo de este sexenio, desde el caso Segalmex, cuyo responsable Ignacio Ovalle Fernández, fue cambiado de puesto y ahora despacha en otra área de la administración federal; el caso del Comisionado del Instituto Nacional de Migración Francisco Garduño Yañez presunto responsable de la muerte de cuarenta migrantes en la estación de Ciudad Juárez y que se encuentra sujeto a proceso por los cargos presentados por la fiscalía general de la república, hace nueve meses y que sin embargo fue defendido por el presidente en su conferencia mañanera como un funcionario honesto. Al revisar lo que sucede con los Gobernadores de los Estados que llegaron al cargo impulsados por Morena y sus aliados, la situación no es diferente y sobre todo en entidades sumidas en la violencia e inseguridad originada por los cárteles de la delincuencia organizada que controlan varios municipios y territorios y que han obligado a sus pobladores a abandonar sus viviendas y buscar refugio en otros estados, para no tener que sumarse a los cárteles o perder la vida en los enfrentamientos armados, resaltan estados como Veracruz, Morelos, Guerrero, Chiapas, Zacatecas, Michoacán, Colima, Quintana Roo, Baja California, en los que nada parece detener los homicidios y disputas entre los grupos delincuenciales por el control de los territorios, así como de las principales actividades económicas para subir los precios de los productos y cobrar el derecho de piso a comerciantes y empresarios. Los números de muertos y desparecidos aumentan todos los días y ni la Guardia nacional, ni el ejercito mexicano han podido detener esta escalada, en la que los gobiernos estatales y municipales han sido rebasados y no tienen forma de garantizar a los ciudadanos, ni su seguridad, ni la paz para poder trabajar y hacer sus vidas. En otros períodos presidenciales, se estilaba pedir las renuncias de los funcionarios que no cumplían con su cargo o que incurrían en faltas o delitos en el ejercicio de sus funciones; desde Procuradores, Secretarios de Seguridad, hasta gobernadores, se veían obligados a presentar sus renuncias o eran destituidos, cuando una situación se volvía incontrolable o bien, cuando ocurrían matanzas o actos que se violaban los derechos humanos de los ciudadanos; esa era una de las primeras medidas que se tomaban, a fin de evitar que se contaminarán las investigaciones y se fincara responsabilidades a los funcionarios implicados. Hoy, esto ya no ocurre, las noticas de ejecuciones, matanzas, quemas de inmuebles, balaceras, denuncias por colusión de funcionarios con delincuentes, enriquecimiento ilícito de gobiernos y de protección a los carteles, ya no es visto como una causa suficiente para la renuncia o destitución de autoridades, sino por el contrario siguen en los cargos y en ningún momento son investigados o sancionados administrativa o penalmente. Las cifras del número de homicidios dolosos del gobierno actual, quedarán para la historia, llegando hasta la semana pasada según cifras oficiales a 166,193, 4892 feminicidios y 43 periodistas a los que se acumularán los de los meses que faltan por concluir el gobierno del presidente López Obrador, con lo que supera los números del gobierno de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto. El caso del estado de Guerrero que gobierna la hija del senador Felix Salgado Macedonio, Evelyn Salgado Pineda, es alarmante y después de los daños humanos y materiales que dejó el huracán OTIS principalmente en el Puerto de Acapulco y las poblaciones de la costa, la población ha visto el aumento de las disputas de los grupos de la delincuencia organizada por el control del estado, para manejar las principales actividades económicas, no sólo en Acapulco, sino que poblaciones como Iguala, Taxco y la capital Chilpancingo viven en asedio y violencia de los carteles de los ardillos, la vela, los rojos, los tlacos y guerreros unidos. Así en junio del año pasado en Chilpalncingo se encontraron siete cuerpos desmembrados de cinco hombres y dos mujeres; en julio fueron asesinados dieciocho choferes del transporte público de taxis y colectivos; en agosto en Tecpan de Galeana en un enfrentamiento de los grupos murieron seis adultos y un niño en una cancha de futbol; en el mismo mes fueron victimas de una balacera la prima de la gobernadora y su esposo, que finalmente perdió la vida a causa de los disparos que recibió; posteriormente a finales de 2023, en Chilpancingo fueron encontrados desmembrados los cuerpos de dos mujeres que habían sido secuestradas. Las disputas por el control del transporte público en Acapulco, que es victima del cobro de piso y de cuotas por los delincuentes, originó que los permisionarios decidieran suspender el servicio en demanda de que las autoridades les otorguen seguridad para los choferes y las unidades que han sido quemadas, sin que se detenga a los responsables. Taxco también ha padecido la misma situación y ni la guardia nacional, la marina, ni los diez mil militares desplegados por el gobierno federal en Guerrero han servido para frenar la violencia e inseguridad que se ha enseñoreado en las principales ciudades del estado, dejando al descubierto la incompetencia de las autoridades estatales, desde la gobernadora Evelyn Salgado, su secretario de seguridad y de los Presidentes Municipales, que sólo se han concretado a hacer declaraciones y a prometer soluciones a los ciudadanos que han quedado a merced de la delincuencia, causando daños irreversibles y un clima que alejará al turismo y que origina pérdidas económicas al estado; pero nadie renuncia, ya que el Congreso del estado y federal, han eludido exigir resultados e investigar a fondo a funcionarios que seguramente se encuentran coludidos con los carteles y que ahora sólo tienen en mente reelegirse o buscar otras posiciones que les den impunidad y poder para seguir con sus carreras políticas.

*Director fundador del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla