Constitución – AUIEMSS

Sheinbaum y el sufragio efectivo, no reelección

*Dr. Julián Germán Molina Carrillo.

De las propuestas de reformas a la Constitución anunciadas por la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, una de las que en mi opinión destaca y que no ha sido motivo de controversia o crítica, ni por los partidos de la oposición, ni por las organizaciones de la sociedad civil y ciudadanía en general, es el de retomar el principio maderista del sufragio efectivo, no reelección que actualmente se encuentra establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente en los artículos 59 que la establece para el caso de los Senadores que pueden reelegirse hasta por dos períodos consecutivos, es decir ocupar el cargo 12 años y de los Diputados federales, que pueden ser reelectos hasta por cuatro períodos consecutivos, equivalentes a 12 años también.

En el caso de los Presidentes Municipales, regidores y síndicos, el artículo 115 fracción I, párrafo II de nuestra Carta magna, señala que: “Las Constituciones de los Estados deberán establecer la elección consecutiva para el mismo cargo de presidentes municipales, regidores y síndicos, por un período adicional, siempre y cuando el período de mandato de los ayuntamientos no sea superior a tres años.” El artículo 116 fracción II, párrafo segundo, a la letra establece: “Las Constituciones estatales, deberán establecer la elección consecutiva de los diputados a las legislaturas de los Estados, hasta por cuatro períodos consecutivos.”

Si analizamos ¿Cuáles han sido los beneficios para la calidad en la producción legislativa de Senadores, diputados, federales, de mejora en la administración de los Presidentes Municipales y de productividad de los diputados de las legislaturas locales, desde que se implementó la reelección?, podemos encontrar diversos datos, que nos llevarían a reflexionar sobre la conveniencia de la propuesta de la reforma de la presidenta electa. La figura de la reelección legislativa en México, surgió de una propuesta del expresidente Felipe Calderón, bajo el argumento de que serviría para lograr la profesionalización de la actividad legislativa.

En el gobierno de Enrique Peña Nieto se impulsó una reforma con la que se estableció regresar esta figura sólo para diputados federales y de las entidades federativas, senadores y Presidentes Municipales y que aplicaría para las elecciones de 2021 para los diputados electos en el proceso de 2018. La cámara de diputados del Congreso de la Unión, en noviembre de 2020, aprobó las reglas que se aplicarían a diputadas y diputados que optasen por buscar reelegirse enel proceso electoral de 2021 y para los senadores en el proceso de 2024, para quienes hubieran sido electos en 2018. De acuerdo a cifras del INE, 88 legisladores de 128 participaron buscando su reelección en las elecciones del pasado 2 de junio. En la nueva LXV legislatura repetirán 139 de 500 diputados de la anterior, de estos 107 lo lograron por el principio de mayoría relativa y 32 por la vía plurinominal; además 59 perdieron la elección y 15 renunciaron a buscar la reelección.

A ciencia cierta, quienes defienden la figura de la reelección, justificándola con la profesionalización de los legisladores y el hecho de evitar que lleguen a dichos cargos personas improvisadas y que ni siquiera tienen idea de la importancia que tiene ser representante popular de sus distritos electorales en el caso de los diputados federales y locales, y de sus estados en el caso de los Senadores, tienen pocos argumentos a favor, ya que en un determinado momento, los partidos políticos han hecho un uso de las candidaturas como cuotas y lo único que han logrado es colocar a sus incondicionales y cuadros en dichas candidaturas, para buscar continúen sin tener una valoración o parámetro de su producción legislativa o iniciativas aprobadas.

En el caso de los Presidentes Municipales, si bien es cierto, tres años es un período muy reducido para dar resultados, también lo es qué en México en diversos Pueblos y regiones, siguen existiendo los cacicazgos y la imposición de las candidaturas, donde los Presidentes Municipales, buscan perpetuarse, primero ellos, después a través de sus hijos y esposas y sucesivamente con sus demás familiares; sin que exista la alternativa de un cambio en el corto y mediano plazo. Será muy interesante el papel que jugará la LXV legislatura del Congreso de la Unión, que le tocará aprobar la propuesta del Plan C consistente en establecer el sistema exclusivo de mayoría relativa para la elección de diputados y senadores, suprimiendo en forma absoluta los de representación proporcional y a los senadores de primera minoría.

De acuerdo a la opinión de los investigadores del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM Javier Martín Reyes y J. Jesús Orozco Henríquez en la obra Análisis Técnico de las 20 iniciativas de reformas constitucionales y legales presentadas por el Presidente de la República publicada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM,” En la iniciativa presidencial bajo análisis, de manera inopinada y dogmática, se afirma que “busca mejorar la representación proporcional ciudadana depositada en las Cámaras del Congreso de la Unión con la reducción del número de sus integrantes y su elección mediante el sistema de mayoría relativa uninominal”, sin proporcionar argumento alguno para justificar por qué la mera reducción de legisladores y la supresión de curules de representación proporcional implican mejorar la representación ciudadana, cuando hay evidencia histórica y de derecho comparado en sentido opuesto” La LXV legislatura con la mayoría calificada obtenida por Morena, PT y él PVEM se aplicará el hara kiri, primero aprobando la reducción de 500 a 300 diputados federales y de 128 a 64 senadores y después, la no reelección de legisladores del Congreso de la Unión, diputados locales y Presidentes Municipales.

Pero los que no ven ahora el golpe mortal que se les avecina son los partidos aliados de la 4T, que con estas medidas y la inminente reducción al financiamiento público a los partidos políticos, a la mitad, en tres años podrían desaparecer , porque dicha propuesta favorece sólo al partido mayoritario en el gobierno, haciendo casi imposible que en el futuro, exista un partido o bloque con la fuerza para lograr disputarle el poder, dando fin a la equidad en los procesos electorales y vulnerando en forma fulminante nuestro sistema democrático.

*Director general del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla.

El asalto a la corte y la politización de la justicia

Dr. German Molina Carrillo / Por editor

*Dr. Julián Germán Molina Carrillo.

Finalmente la nueva “flamante” Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Lenia Batres, asumió su cargo ante el pleno de los Ministros y Ministras del más alto tribunal del país, llamando la atención la presencia de una nutrida porra de funcionarios de gobierno de la 4T y acompañantes que estuvieron presentes en el acto, como si se tratara de un mitin político, en lugar de un acto solemne; así estuvieron presentes el jefe de gobierno de la Ciudad de México y hermano de Lenia, Martí Batres, la aún fiscal general de la ciudad Agustina Godoy; el coordinador de la oficina de Comunicación social de la Presidencia Jesús Ramírez, la secretaria de gobernación Luisa María Alcalde; la Secretaria de economía Raquel Buenrostro y la consejera jurídica de la Presidencia María Estela Rios; con lo cual dejaron en claro que el asalto a la Corte está en marcha a fin de que el presidente López Obrador pueda materializar el control del poder judicial, que ha sido uno de los impedimentos para lograr sacar adelante las reformas constitucionales y legislativas que ya le han sido aprobadas en las cámaras de diputados y senadores; lo que significa, que la autonomía de los Poderes pasa a segundo término porque funcionarios como los que estuvieron presentes, ampliarán su campo de acción ahora a las oficinas del vecino de Palacio Nacional.. Otro de los mensajes que se dieron a los demás Ministros y a los ciudadanos, es que el papel que desempeñará la nueva ministra, será el representar al Presidente a quién por cierto le debe el cargo y buscar a toda costa que los asuntos que lleguen a sus manos o en los cuales deba emitir su voto a favor de los intereses presidenciales, opere a fin de que las otras ministras propuestas por AMLO, como , Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, se pronuncien para apoyar las resoluciones que beneficien al gobierno federal y a la cuarta transformación. El discurso de Lenia Batres, no tiene desperdicio y me parece necesario analizarlo, ya que de entrada fijó una postura beligerante en contra del tribunal del que a partir de ahora ya forma parte; es decir, fiel a las formas del presidente, como en la corte las cosas no funcionan a conveniencia del gobierno y han sido un obstáculo a sus reformas, declaró, regañando a los Ministros: “La Suprema Corte no puede seguir tomando decisiones anti constitucionales amparada en que sus decisiones son inatacables. Es cierto que los juicios deben tener una instancia de cierre, pero eso no quiere decir que los acuerdos generales que dicta la Suprema Corte o su jurisprudencia puedan estar por arriba de la Constitución o de las leyes mexicanas” añadió: “No tenemos una Suprema Corte subordinada a la Constitución, sino una Constitución subordinada a la Suprema Corte” Señaló que la Corte, debe extralimitarse para no invadir la esfera de atribuciones y corregir a otros poderes como el legislativo, en sus decisiones. A la par de manifestar su inconformidad por las decisiones de la Corte, en temas como el denominado plan B del presidente en materia electoral y el que los Ministros no hayan acatado el bajarse el salario para ganar menos que el Presidente, su discurso nos lleva a reflexionar que al igual que han hecho legisladores y funcionarios de la 4T que al tomar posesión de sus cargos, han protestado cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen; en el desempeño de su función han hecho todo lo contrario y ejemplos tenemos de sobra en los cinco años del actual gobierno, desde el presidente cuyo respeto por el estado de derecho y el cumplimiento de las leyes, le han tenido sin cuidado y públicamente ha declarado: no me vengan con aquello, de que la ley, es la ley. Así, durante los próximos meses seremos testigos del inicio de la politización de la impartición de justicia en el máximo tribunal del país y de que los casos que legalmente deben ser resueltos aplicando la Constitución y las leyes, Batres decida llevarlos a la escena pública y se conviertan en temas de las conferencias mañaneras para que el presidente continúe socavando desde ese espacio el prestigio y credibilidad del Poder Judicial de la federación y todos sus tribunales y juzgados. Llama la atención que una “Ministra” cuya función será la de impartir justicia y hacer valer el estado de derecho, así como el respeto a la Constitución, desde su toma de posesión, pronuncie un discurso político y se asuma como la corregidora del trabajo de un Poder en el que por años y con carrera judicial de miles de abogados, tendrían mejores méritos para ocupar dicho cargo y no solamente la decisión presidencial, que por primera vez en el país hizo posible su designación. Otra de las tareas de Batres en la Corte, será preparar el terreno para el momento en que el Plan C del Presidente y una vez que la reforma constitucional que establecerá que el nombramiento de los Ministros, magistrados y jueces del Poder Judicial sea mediante el voto ciudadano, existan las condiciones para tomar el control total de dicho poder, que es último dique que le falta sortear a la 4T para establecer en el país una dictadura, sin contrapesos y con un poder centralizado y sujeto a la voluntad presidencial. Hago votos, porque los Ministros que patrióticamente han asumido su papel para defender a la Constitución y al estado de derecho en el país, mantengan su postura y no se dejen intimidar por las amenazas y acoso del Poder ejecutivo a fin de que la impartición de justicia se aplique con la ley en la mano y no bajo los caprichos presidenciales en detrimento de los derechos humanos y los principios democráticos del país.

*Director fundador del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla.