Gustavo Santin – AUIEMSS

Estadísticas que no coincidirían

Maestros

Estadísticas que no coincidirían

Cartas a Gracia

EL “Boletín 48 SEP oferta más de siete mil carreras en más de tres mil universidades públicas y particulares” publicado el 16 de abril pasado, daría a conocer “la actualización […] del Registro Nacional de Opciones de Educación Superior (Renoes)” con la finalidad de que quienes deseasen continuar con su “trayectoria académica”, tengan información oportuna y suficiente disponible en la página renoes.sep.gob.mx, vinculada “a un área de la Secretaría de Economía (SE), DATA México [lo mismo que] con la plataforma del Servicio Nacional del Empleo (SNE), indicando la perspectiva laboral de ingreso, ocupación y espacio geográfico, así como con el Observatorio Laboral que brinda a las y los jóvenes información sobre la relación entre las carreras profesionales y el ámbito laboral”, Gracia.

La información proporcionada por el Boletín 48 diferiría de las Estadísticas Básicas de Educación Superior 2017-2018. Mientras que la publicación institucional de la subsecretaría -en reserva por cuestiones de veda electoral, según una anotación- estimaría una “oferta más de siete mil carreras en más de tres mil universidades públicas y particulares”; las Estadística Básicas de Educación Superior haría referencia (en una infografía regional) a 6 359 “centros de trabajo”, que en 2017-2018, ofertarían 28 151 licenciaturas y 11 209 “programas de posgrado” y a ellos, asistirían 4 561 792 estudiantes. Los indicadores de la infografía estarían organizados por regiones, tipo de servicio (público y/o privado) y categoría de los programas. En cuanto a la prestación del servicio y considerando al oferente como público y/o privado, matrícula, oferta educativa dividido en 5 regiones, por ejemplo, la región noroeste, estaría integrada por Baja California; Baja California Sur; Chihuahua; Sinaloa y Sonora contaría con 390 centros de trabajo públicos y 339 privados. A ellos asistirían 448 635 (9.83% del total) estudiantes de instituciones de educación superior (IES) públicas y 108 802 (2.39%) a privadas; las IES públicas ofrecerían 1 792 (6.33% del total) licenciaturas; en tanto que las privadas ofertarían 1 538 (5.46%) programas académicos del mismo nivel. Respecto a los posgrados, las IES públicas impartirían 590 programas (5.26% del total) y 578 (5.16%) de financiamiento privado, respectivamente. Mención por separado requeriría la información proporcionada por el anuario Principales cifras del sistema educativo mexicano 2022-2023 y que, sin mencionar datos alusivos a la oferta educativa, si consignaría la existencia de 8 789 escuelas, de las que el 35.18% (3 092) le correspondería a las catalogadas como públicas y el resto 5 697, el 64.81% a las de financiamiento privado. La matrícula reportada en el cuadro Estadística del Sistema Educativo Nacional ascendería a un total de 5 192 618 y de ellos el 63.24% (3 282 249 alumnos) asistiría a instituciones públicas y el resto 1 908 369 a IES particulares. (https://acortar.link/c759fj)

La zona centro, integrada por el otrora Distrito Federal (CDMX), Hidalgo, Estado de México, Morelos, Puebla y Tlaxcala, albergaría a 653 centros de trabajo públicos (10.27% del total nacional [TN]) y a 1 248 privados, y que corresponderían al 19.63% a nivel nacional (1 de cada 3 centros de trabajo de todo el país) y a 1 041 635 (22.83% del TN) estudiantes de IES públicas, número al que se sumarían los 731 411 (16.03% del TN) estudiantes que concurrirían a IES de financiamiento privado; esta cifra ascendería a 1 773 046 alumnos que corresponderían al 38.86% de la matrícula total, arrojando un porcentaje superior en 8.85% al total de los centros de trabajo reportados en esa zona. En la misma, se ofertarían 8 990 licenciaturas y 4 281 posgrados; de ellas, corresponderían 3 074 (10.92%TN) a IES públicas y 5 916 (21.02% del TN) a las de financiamiento privado. Las IES de esta región ofertarían un total de 8 890 licenciaturas de las que 3 074 (10.92% del TN) y que serían financiadas por las aportaciones realizadas por la sociedad, mediante el pago de impuestos, derechos y aprovechamientos, y 5 916 (21.02% del TN) que realizan directamente estudiantes y padres de familia que asisten a IES de financiamiento privado. Destacaría la oferta de programas de posgrado, que recaería en un 13.28% del TN (1 488) en IES públicas y en un 24.83% del TN (2 783) en IES de financiamiento privado. La oferta de posgrados en la zona centro sumaría el 38.11% del TN.

Las estadísticas difundidas por la subsecretaría de educación superior del estado de Puebla, publicadas en el documento denominado: Estado de Puebla, Perfil de la Educación Superior, ciclo escolar 2021-2022, señalarían la importancia de este nivel. La entidad evidenciaría la existencia de 580 IES, de las que corresponderían 319 (55%) a públicas (que englobarían a públicas, federales, autónomas, politécnicas, tecnológicas interculturales y otras) y 261 (45%) a privadas. Ellas contarían con 750 escuelas de las que el 59.46% serían públicas (446 escuelas) y el resto 40.53% (304) corresponderían a las instituciones de financiamiento privado. A las IES asistirían 500 930 estudiantes; 67.93% (340 316) corresponderían al subsistema público, y el resto, 32.06 % (160 614) al privado; 340 316 del subsistema público 302 356, (88.84%) estaría inscrito en licenciatura y el resto, 37 380 (11.16%) a posgrado; en tanto que de los 160 614 matriculados en IES privadas corresponderían 127 452, (79.35%) a licenciatura y 33 162 (26.01%) a posgrado. El cuadro “Matrícula de educación superior según nivel educativo y sostenimiento ciclo escolar 2021-2022 vs 2020-2021. En el ciclo escolar 2021-2022 la matrícula en la entidad (profesional + posgrado) aumentó en 27 561 estudiantes (8.8%); 10 176 en las IES públicas y 17 135 en las IES particulares”, permitiría reconocer, de manera desagregada, su comportamiento.

La información de referencia evidenciaría la discrepancia entre las fuentes de información consultadas y que, por obvia razón, no coincidirían entre sí por -aparentemente- tener diferentes orígenes; aunque se divulgaría con la intención de allegarla a las y los lectores de las cartas enviadas a una maestra mediante la apertura de los links disponibles, Gracia, y cuya información proporcionaría datos de un ciclo escolar, previo a la actual administración federal (https://acortar.link/m7PxC3). Las Estadísticas Básicas de Educación Superior expondrían la concentración de oferta académica en la zona centro; región en la que se establecerían 1 de cada 3 instituciones y a las que asistían 3.3 alumnos de cada 10 en 2017. La región occidente integrada por Aguascalientes, Colima; Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Querétaro y Zacatecas, contaría con 22% de los centros de trabajo del país; el 18.5% de la matrícula nacional; el 18.78% de las licenciaturas y finalmente el 18.84% del posgrado Gracia. Me despido deseando disfrutes de los festivales y recompensas -incluidos los nuevos montos del salario- con el que las autoridades educativas les festejarán el miércoles 15, el Día de la maestra y el maestro.

renoes.sep.gob.mx

¿PISA no?

Gustavo Santin / Por editor

Cartas a Gracia

Diversos medios de comunicación “alertarían” que la república mexicana sería excluida de la prueba PISA (Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes o Informe PISA) 2025, tras no realizar el pago de derechos y no efectuar las actividades preparatorias requeridas. Así lo evidenciarían los contenidos de varios links tomados al azar: “México podría quedar fuera de la prueba PISA 2025” (https://acortar.link/cndtAl); “México en riesgo de perder su lugar en la prueba PISA 2025”; “México en riesgo de quedar se fuera de la prueba PISA 2025”. La historia iniciaría hace cinco meses -días más, días menos- en el que autoridades educativas mexicanas habrían manifestado su opinión mediante la Tarjeta Informativa 11 publicada en la página institucional (https://www.gob.mx/sep/articulos/tarjeta-informativa-11) y cuya cabeza iniciaría con el siguiente texto: “Con relación a los resultados del Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA), publicados hoy por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la Secretaría de Educación Pública informa […]”. Tarjeta de alegatos en la que se plantearían temas tales como una nueva propuesta pedagógica que se basaría en un “enfoque humanista, científico, con inclusión y equidad [y que pretendería] que las y los estudiantes aprendan para transformar la realidad y sean mejores ciudadanas y ciudadanos, más participativos, con respeto por las libertades, la cultura de paz, la solidaridad, la independencia, la justicia y amor a la patria”. Las autoridades educativas señalarían, adicionalmente, que la prueba y sus resultados, no medirían “las condiciones reales en las que se desarrolla el trabajo docente, así como los procesos situados de la enseñanza (sic) y los aprendizajes en las aulas de los distintos países”.

La tarjeta resaltaría los esfuerzos para retornar a la normalidad educativa; cuestión que comentan; se lograría al 100%, aunque los resultados obtenidos por jóvenes y señoritas de 15 años y que cursarían el tercer grado de secundaria en 2022, señalarían que México descendería en varias posiciones respecto a los obtenidos en evaluaciones anteriores; tal como citaría Juan Carlos Miranda Arroyo en el artículo que publicara en Profelandia el 7 de diciembre del 2023: “[…] Los resultados más recientes de PISA no difieren significativamente de los observados diez años antes, en 2012”. No obstante, los responsables de la administración educativa ponderarían los resultados obtenidos por México, señalando que presentarían “un descenso menor en matemáticas y lectura que el promedio de los países que integran la OCDE”; razón por la que llamarían a no tomar posturas reduccionistas “y rasgarse las vestiduras”.

Las voces de alerta crecerían Gracia. Hace tan solo unos días, Eduardo Backhoff Escudero, el 3 de mayo de los corrientes publicaría un artículo intitulado: México sin PISA: “ojos que no ven …”, en el que señalaría, en referencia a la prueba PISA y a otras más como PLANEA lo siguiente: “Desgraciadamente, el país optó por eliminar al instituto que se encargaba de ello (INEE), y quien lo sustituyó (Mejoredu) no las realiza. Sin las evaluaciones nacionales e internacionales (México también abandonó los estudios regionales de la UNESCO), el país entra a un cuarto obscuro del que será difícil salir”. Las razones que esgrimirían quienes se decantarían por continuar con una política pública favorable al impulso de las evaluaciones nacionales e internacionales, serían tan claras como las que escribiría el ex consejero del INEE; sin embargo, las esbozadas por el titular del ejecutivo federal, más allá de tacharlas de medidas neoliberales, dejarían, al leer la Tarjeta Informativa, entrever que los esfuerzos de quienes se encuentran al frente del despacho educativo, explorarían otras veredas. Senderos que implicarían “un profundo proceso de transformación en su sistema educativo, con la implementación del Plan de Estudio 2022 y la Nueva Escuela Mexicana.

Esto implica un cambio hacia enfoques pedagógicos innovadores, interdisciplinarios, como el aprendizaje por proyectos, incorporando todas las áreas del conocimiento, incluyendo el desarrollo de habilidades socioemocionales.”. Aprendizaje por proyectos, criticado por la disminución de conocimientos significativos en las áreas evidenciadas por PISA: competencias matemáticas, lectoras y científicas. El alejamiento de las evaluaciones académicas de referencia permitiría entender y justificar la demanda del SNTE para que desaparezca la USICAMM por ser una herencia persecutoria de la administración de Peña Nieto y Nuño; o con la instrucción institucional para no retener a ningún niño o niña en el grado que cursaban en época de pandemia y todos fueran promovidos al inmediato superior, lo mismo que con la asignación de plazas automáticas a los egresados de las normales rurales.

Los pretextos institucionales para decantarse de una evaluación internacional y/o doméstica sobrarían; pero, los augurios parecerían dejar claro que no habría una prueba PISA 2025. Por cierto, te comento que en la secundaria técnica número 2 de Villa Benito Juárez de Macuspana Tabasco y a 9 meses de iniciado el curso escolar, aún carecen de libros de texto gratuito, pretexto suficiente para que sean promovidos sin ser evaluados, Gracia.

Tips para candidatas y candidatos

Gustavo Santin / Por editor

La contienda electoral transcurriría entre “ofertas fantasiosas”; acusaciones históricas; compromisos que no podrían ser cumplidos en el corto o en el mediano plazo; acarreos masivos y/o selectivos para mostrar músculo; provocaciones a los adversarios políticos; amenazas de muerte y asesinatos de contendientes y de gente cercana; enemistades gratuitas que afectarían entornos, otrora cercanos; entre otras lindezas más Gracia. No obstante, las carencias en las escuelas y en sus entornos (ventanas de oportunidad) mostradas por las Principales Cifras del Sistema Educativo 2022-2023, lo mismo que por diferentes cuadros y gráficas puestos a disposición de los curiosos, por las Estadísticas Básicas del SEN publicadas por MEJOREDU, que proporcionarían algunos tips para que candidatas y candidatos a la presidencia, gubernaturas y municipios, resolvieran “faltantes” que permitirían, que niñas, niños y adolescentes recibieran educación en las mismas condiciones de equidad y de igualdad.

Se podrían encontrar muchos ejemplos, y para ello, bastaría con “hojear” algunas páginas de las publicaciones referenciadas en el párrafo anterior. En la foja número 46 y en las subsecuentes de las Principales cifras, previas a las Metas para el Bienestar y Parámetros del Programa Sectorial de Educación 2020-2024, podrían encontrarse sugerencias de utilidad para las y los candidatos. Consejos como el que se referiría a la disminución del índice de analfabetismo que en el 2022, reportaba que el 4.3% de la población mexicana de 15 años y más, no sabían leer ni escribir y que le dejan a la autoridad educativa tarea por hacer; o, el indicador que sitúa el “grado promedio de escolaridad” y que en el año de referencia se establecería en 10 grados, equivalentes -de manera genérica- a un 1 año de preescolar, 6 de primaria y 3 de secundaria. Y por qué no poner en el foco de atención de las y los suspirantes, a las 36 805 escuelas multigrado (38.3% de total), a las 11 427 escuelas unitarias (11.9%) y a las 48 232 escuelas multigrado+unitarias que representan al 50.2%; si bien habría que destacar que atenderían solo al 15.4% del total nacional del alumnado

Las referencias proporcionarían información que el “suspirantado” podría tomar en consideración, a la hora de congraciarse con la “concurrencia” a los actos de masas a los que serían tan afectos quienes buscan convertirse en empleados de la nación y/o de las entidades. El mapa de MEJOREDU arrojaría “Escuelas primarias y secundarias que disponen de servicio de electricidad, agua potable, servicio de lavado de manos, sanitarios, por entidad federativa, ciclo escolar 2020-2021” que 6.2 escuelas muestreadas de cada 10 a nivel nacional, contarían con los servicios enunciados y el resto, 3.8 los requerirían con urgencia. Por encima del promedio se encontrarían Baja California (92.33%); Baja California Sur (79. 15%); Sonora (73.88%); Chihuahua (70.57%); Coahuila (78.38%); Nuevo León (N.d.); Tamaulipas (76.01%); Sinaloa (70.69%); Zacatecas (70.16%); Nayarit (65.61%); Aguascalientes (90.14%); Guanajuato (78.02%); Jalisco (79.9%); Hidalgo (68.97%); Colima (89.94%); Michoacán (60.84%); Estado de México (75.34%); Puebla (71.43%); Campeche (68.35%) y finalmente, Yucatán (86.42%). Entre los que se encuentran por debajo de la línea de flotación, estarían: Durango (52.9%); Veracruz (53.44%); Tabasco (53.64%); Guerrero (35.68%); Oaxaca (27.86%) y, finalmente, Chiapas (26.99%).

El cuadro de MEJOREDU Disponibilidad de servicios básicos en las escuelas se elaboraría considerando solo 67 252 “Escuelas o planteles”; aunque se desagregaría por entidad federativa, por si las candidatas o candidatos de los tres ámbitos de gobierno tuvieran curiosidad de revisarlo y enterarse de las condiciones en las que se encontraría la infraestructura educativa de la nación, las entidades y los municipios. De las escuelas consideradas a nivel nacional (67 252 planteles), 63 279 contarían con electricidad; si bien 3 973 les darían oportunidad de hacer ofertas políticas de obras susceptibles de ser realizadas; 55 345 contarían con agua potable pero 11 907 no; 55 935 contarían con servicio para lavado de manos si bien 11 317 estarían en condiciones de abrir un nicho de oportunidad realista para las y los candidatos de todos los colores y todos los sabores; 66 914 escuelas contarían con sanitarios “mixtos o independientes” (338 menos que el total de la muestra); 29 994 planteles contarían con computadoras, en tanto que, 37 258 las requerirían; empero, solo 16 637 contarían con “conexión a internet”, dejando a 50 616 en lista de espera y enviando una carta a Xóchitl para que concrete su propuesta de dotar con teléfonos inteligentes y de tarjetas de datos a todas las niñas y los niños y banda ancha de bajo espectro y llevar internet a todos los confines del México surrealista y que abre las ventanas al “suspirantado” que lucha por ganarse el paraíso que le daría acceso a un salario jugoso, seguro por lo menos en los próximos 3 o 6 años de ejercicio. La inclusión para lograr el acceso de las niñas y los niños discapacitados a las escuelas abriría, no una ventana de oportunidad sino una puerta abierta de par en par; solo 18 149 escuelas contarían “con infraestructura para atender a estudiantes con discapacidad” y 7 235 “con materiales adaptados para estudiantes con discapacidad”; cifras que permitirían ampliar las oportunidades de oferta a las 49 103 y 60 017 escuelas faltantes respectivamente.

La realidad permitiría Gracia, que quienes prometen obras faraónicas que si bien se mal cumplirían, ajusten su oferta política en materia de infraestructura educativa a aquellas cuestiones que los planteles requieren con urgencia y que, a pesar de los 40 mil millones de presupuesto del programa La Escuela es Nuestra, entregado a madres y padres de familia, siguen presentando nichos de oportunidad para la realización de “mejoras”; sin embargo, las estadísticas permiten incrementar los tips para candidatas y candidatos Gracia.

Ideas y propuestas electorales

Gustavo Santin / Por editor

Cartas a Gracia

Las ideas “creativas”, las ofertas que difícilmente se cumplirían y las críticas al pasado -sin importar su naturaleza- formarían parte del bagaje ordinario al que recurrirían las y el suspirante presidencial; personajes que pretenderían que el “respetable”, se decantara por la opción que representan y, para ello no dudarían de prometernos el oro y el moro con los que endulzarían el oído de las y los escuchas. Ejemplos sobrarían; y entre ellos, destacaría la pregunta formulada por el moderador sobre si la candidata o el candidato, reabriría las escuelas de tiempo completo. El conductor del debate preguntaría: “Candidata Xóchitl Gálvez, enorme polémica en torno a las escuelas de tiempo completo. ¿Usted qué propondría, desaparecerlas, mantenerlas, incrementarlas? ¿Cuál es su posición, cuál sería en caso de ganar su estrategia?”. Cuestionamiento a la que la candidata de la Coalición Fuerza y Corazón por México contestaría: “lo fácil es destruir, si había algún problema habría que corregir. Yo propongo que haya nuevamente escuelas de tiempo completo. Ningún país sale adelante, estudiando menos. Mi propuesta es estancias infantiles para la primera infancia y escuelas de tiempo completo, donde le dotaré a cada niño [de] una tableta con internet, donde van a aprender robótica, inteligencia artificial, inglés y lo vamos a hacer con la tarjeta de datos. Vamos a darle a los jóvenes y a los niños de zonas marginadas datos, para que lo puedan hacer.

Postura interesante, aunque propia de una candidata que pretendería contestar con un cliché, lejano a la importancia de un programa que atendía a 25 876 escuelas y mediante el que pretendía combatir algunas causas -entre otras – la desnutrición en zonas marginadas y que representaba solo al 12.97% de las 199 500 escuelas públicas de educación básica, consignadas en las Principales Cifras del Sistema Educativo Mexicano 2022-2023, y que bien podría ser comparada con el cumplimiento de la Meta para el bienestar: Porcentaje de escuelas con acceso a servicios básicos que muestra el cuadro Metas para el bienestar y Parámetros del Programa Sectorial de Educación 2020-2024, que evidenciarían que 1 de cada 4 escuelas de la “línea base” carecería de agua potable y que 1 de cada 10 aún no contaría con energía eléctrica.

El debate realizado hace poco más de 15 días Gracia se organizaría por bloques; el segundo formularía tres preguntas específicas a elegir mediante sobre cerrado y por región, a cada uno de las y los suspirantes. A Xóchitl le correspondería el primer turno y le preguntarían -zona norte y pretendiendo inducir la respuesta-, “no es un secreto para nadie que tenemos un claro retraso educativo, aunado a eso, nuestros profesores, de todos los niveles cuentan con excesivas cargas administrativas y pocos estímulos. ¿De qué manera enfocará su plan de trabajo para solucionar esta problemática? La “respondiente” se saldría por la tangente señalando la reducción “significativa [de] los recursos para la capacitación de los maestros”; la falta de comprensión lectora y matemática de la niñez que asiste a la escuela y de paso, esbozaría críticas al proceso de promoción que realizaría USICAMM, incluida la asignación de plazas de nuevo ingreso. Adicionalmente, vincularía salarios con capacitación: “hay que apoyar a los maestros mejor capacitados con mejores salarios”.

“La pregunta de la zona sur. ¿Cómo mejoraría la calidad de la educación en México? y si esa propuesta contempla la mejora de los planteles educativos, aquí mencionan agregar comedores, auditorios, internet. La respuesta de la suspirante nuevamente ignoraría la pregunta y divagaría señalando: “Pues son de las cosas que funcionaban más o menos, que se podían haber mejorado como eran las escuelas de tiempo completo ” [el 12.97% del total de escuelas], donde los niños tenían chance de estudiar [aunque al final se encausaría y se comprometería] a llevar a todas las localidades a través de satélites de banda baja, internet para que las personas puedan estudiar […]; se va a enseñar robótica, inteligencia artificial, habilidades digitales y competencias laborales a niños”.

La moderadora cuestionaría a la candidata Claudia Sheinbaum Pardo con una segunda pregunta -correspondiente a la zona centro- ¿Cuál es su propuesta para mejorar la calidad de los conocimientos impartidos en las instituciones de Educación Pública? La representante por la continuidad abogaría por la vigencia de la Nueva Escuela Mexicana y los nuevos libros de texto, denostados por Máynez como adoctrinadores “como son en la actualidad con el actual gobierno, ni adoctrinados como fueron en el pasado”, aunque ponderados por Claudia porque su metodología “estaría basada en la participación de los niños. Además, fue desarrollado con los maestros y maestras, con el magisterio nacional”, y estaría ajena a la memorización. Sheinbaum cuestionaría el cierre “durante todo el periodo neoliberal del Prian que representa la candidata del Prian, [de] los accesos a estudiar medicina. Entonces no hay suficientes médicos especialistas en el país por eso estamos planteando abrirlos, más de hecho ahora ya hay el doble de lo que había en 2018 o estudiando en su especialidad”; pero, ignoraría que la centralización en el otorgamiento de REVOEs del área de la salud, en perjuicio de las IES de financiamiento particular, ha trastornado la vida de las instituciones privadas, sus alumnos, generando un mercado negro en el otorgamiento de los permisos y violentado la soberanía de los estados; reglas especiales a los que no se ven sujetas las IES públicas.

Al suspirante Jorge Álvarez Máynez le preguntarían: “La inversión en ciencia es fundamental para el desarrollo de los países. De acuerdo con algunas propuestas internacionales, se debería dedicar al menos el 1% del PIB de inversión en ciencia. De llegar a la presidencia de la República. ¿Qué porcentaje del PIB se compromete a invertir en ciencia e investigación? Cuestión a la que él respondería “a ciencia y tecnología vamos a invertir ese 1% del PIB justamente para que el conocimiento sea de beneficio público”; ignorando de esta manera que ese porcentaje disminuyó sensiblemente, cuando lo acotaron incorporando el presupuesto de las universidades públicas.

Total Gracia, la y el maestro preguntando y Pepito contestando con el único tema que dominaba: la anatomía del camello, representadas por sus ideas y propuestas electorales.

La educación en el debate

Gustavo Santin / Por editor

Cartas a Gracia.

Los debates electorales no serían una novedad Gracia.

Aunque sí, la oportunidad de aprendizaje para quienes no seríamos expertos en la materia; encuentros, que se convertirían en una herramienta fundamental para la vida actual que daría oportunidad para escudriñar lo que podría esperarse de la nueva administración 2024-2030.

Ximena Ochoa de Infobae realizaría una breve reseña (https://acortar.link/MKMG9O) de la que resaltaría la fecha (12-05-1994) en la que se habría realizado el primer debate presidencial, voluntario, entre los candidatos Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, Ernesto Zedillo Ponce de León y Diego Fernández de Ceballos.

A partir de la publicación de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en el DOF (12-05-2014), los debates quedarían bajo la férula del ahora Instituto Nacional Electoral (INE) y adquirirían el carácter de obligatorios, como se establecería en el inciso 1 del Artículo 218, del Capítulo VII De los debates: “El Consejo General organizará dos debates obligatorios entre todos los candidatos a la Presidencia de la República y promoverá, a través de los consejos locales y distritales, la celebración de debates entre candidatos a senadores y diputados federales”.

Bajo esa tónica se realizaría el “primer debate” de la contienda presidencial entre Claudia Sheinbaum Pardo, candidata de la Coalición Sigamos Haciendo Historia; Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz, candidata de la Coalición Fuerza y Corazón por México, y Jorge Álvarez Máynez, candidato de Movimiento Ciudadano, quienes contenderían por obtener la primera magistratura y cuyo resultado dependerá “del [resultado del] proceso electoral Federal 2023-2024”.

Bajo la conducción del INE, el 7 de abril del año en curso, debatirían sobre los temas “educación y salud, transparencia y combate a la corrupción, no discriminación de grupos vulnerables y violencia contra las mujeres” Gracia; aunque por el sentido de las “cartas a una maestra”, se rescatarían las ideas correspondientes al primero de los apartados: Educación.

Cuestionamientos que se elaborarían tomando en consideración las formuladas por la opinión pública publica, bajo y sujetas a las siguientes reglas: “El debate se conformará de tres segmentos, con dos bloques cada uno; en el primer bloque, las tres candidaturas tendrán hasta un minuto para contestar la misma pregunta, según el orden en el que fueron sorteadas […]” y que -aparentemente- serían contestadas por las y el suspirante; tocaría el primer turno a Claudia Sheinbaum Pardo, aspirante que sería cuestionada de la siguiente manera ¿Cómo buscaría candidata Claudia que el rezago educativo en algunas regiones particularmente luego de la pandemia, muchos estudiantes abandonaron las escuelas, algunos se reincorporaron, otros no, pueda ser revertido? ¿De qué manera establecería una estrategia para que los estudiantes que abandonaron las escuelas puedan volver y cómo esa estrategia se implementaría de manera integral para que también las aulas, los salones de clases, los planteles educativos sufran [tengan] mejoras? Cuestionamientos a los que Claudia contestaría con parte breve de su historia de vida -rutina que tendría dominada-, y con sus planteamientos: “Uno, educación inicial que no son las estancias infantiles de Calderón […]; dos, dar beca a todos los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria que van a escuelas públicas [incluida preparatoria]; tres, fortalecer la preparatoria o la educación media superior [propuesta orientada a 1 500 000 que no cursan ese nivel); y finalmente, cuatro, más universidades [gratuitas]”.

Claudia le dejaría el turno a la suspirante Xóchitl Gálvez Ruiz, quien en su primera intervención al tocar el tema educativo y muy lejos de lo que podría ser una propuesta académica, pretendería irse a la yugular de su contendiente al espetar a bocajarro: “Bueno pues a Claudia se le olvidó hablar del colegio Rébsamen. Es increíble Claudia que por tu indolencia hayan muerto 19 niños y siete adultos”, acusándola de paso de insensible, aunque perdiera una valiosa oportunidad.

El moderador violaría la regla establecida y resaltada en cursiva en un parágrafo anterior y cuestionaría al: “Candidato Máynez qué opina de los planes educativos y de los libros de texto gratuitos actuales. ¿Usted en caso de ganar la presidencia revisaría esos planes, continuaría esos planes, los modificaría, qué estrategia educativa tendría en ese sentido?” El suspirante se remitiría a la pregunta original. Coincidiría parcialmente con Claudia y con el titular del ejecutivo federal “y te doy un dato; yo digo que por el bien de todos, primero las niñas y los niños, sí [parafraseando al presidente] pero hay que empezar con la primera infancia porque aunque son el 10% de la población, los niños entre 0 y 6 años, reciben menos del 2% del presupuesto […], nosotros vamos a poner a las niñas y a los niños en el centro, hacer un sistema de educación verdaderamente universal que arregle las escuelas públicas, que nos permita también incidir en la educación universitaria.

Que un millón de jóvenes vayan a la universidad, lo podemos lograr con una estrategia de implementar alianzas estratégicas con universidades privadas”; propuesta que coincidiría con la formulada por la Asociación de Universidades e Instituciones de Educación Media Superior (AUIEMSS) hace seis años, bajo la premisa de abrir espacios ociosos a solicitantes de ingreso a la universidad pública, marginados por la falta de cupo. IES de financiamiento privado que prestarían sus servicios bajo la sujeción de los organismos autónomos y la administración.

El ejercicio de revisión Gracia, permitiría que la ciudadanía en edad de emitir su voto considere propuestas generales -programas-; estrategias y acciones; tiempos de ejecución y recursos físicos y materiales que se requerirían para llevar los compromisos a feliz término. Compromisos adoptados ante la autoridad electoral y la ciudadanía y que podrán ser exigidos a la mitad del sexenio mediante la figura de revocación de mandato. Esta carta, dedicada a la educación en el debate, requerirá de una nueva, complementaria y que te enviaría la próxima semana Gracia, aunque con lo explorado se vislumbra que planes y programas de estudios lo mismo que la propuesta pedagógica, quedarían para otro ejercicio.

Diálogos con el Magisterio

Gustavo Santin / Por editor

Cartas a Gracia

En intervenciones públicas, dirigentes de las principales organizaciones sindicales del país, se harían eco de las inconformidades de los trabajadores de la educación; entre ellas, resaltarían las que pretenderían la desaparición de USICAMM. Tal parecería Gracia, que el SNTE y la CNTE se ceñirían a un guion preestablecido y que radicalizarían sus demandas en tiempos de campaña presidencial.

Así habría sucedido con los Diálogos con el Magisterio realizados en la ciudad de Campeche el 15 de abril pasado, encuentro en el que la candidata presidencial contestaría con palabras y compromisos que endulzarían los oídos a las y los 1 500 maestras y maestros locales asistentes, lo mismo que a los dirigentes de la organización convocante: el SNTE: de la misma manera sucedería, en la entrevista que sostuvieran el titular del ejecutivo federal y los representantes de la CNTE el último día del mes de marzo.

Previamente (14 de abril) al diálogo, el secretario general del SNTE en reunión con la “estructura sindical [habría insistido, entre otros temas] en la revisión de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, con el objetivo de desaparecer la USICAMM, que atenta contra los derechos laborales de los docentes”. La CNTE, por su parte, no quitaría el dedo del renglón y tras la reanudación del diálogo (La Jornada 1 de abril) con el ejecutivo federal y después de cuatro años de suspensión unilateral del mismo, insistiría en “la cancelación definitiva de la reforma educativa de Enrique Peña Nieto, reinstalación de 171 maestros cesados y terminar el régimen laboral de excepción en que está el magisterio”, incluida la liquidación del organismo responsable del servicio de carrera para maestras y maestros.

Sin duda, apreciada maestra, entre los planteamientos formulados por los ponentes que expondrían diversos tópicos ante la candidata, resaltaría el relacionado “con la desaparición de Usicamm y [la petición para la creación de un nuevo] sistema de asignación de plazas [que otorgara] seguridad y certeza de nuestros maestros”. Provocación a la que Claudia contestaría: “No vamos a regresar a lo que había antes [en clara alusión a la pretensión por reestablecer la bilateralidad en el ingreso, la permanencia y reconocimiento de las y los docentes] pero tampoco se puede quedar lo que está ahora, porque hay muchas injusticias que están en la Usicamm […] entonces [a] lo que yo me comprometí, porque uno tiene que ser honesto, porque sería muy fácil aquí recibir aplausos, [a] lo que me comprometí con el magisterio, es entrar en un proceso, una mesa de trabajo, para una revisión [en la] que pongamos al centro a las maestras y a los maestros de México y sus derechos laborales y a la educación pública por encima de todo”.

Aparentemente, la candidata tomaría partido por las maestras y maestros que habrían padecido la burocracia de un organismo que decidiría, al margen de los criterios que formarían parte del entramado legal y que, a causa de la interpretación de funcionarias y funcionarios locales, se alejaría del debido proceso y de la objetividad orillando a quienes serían marginados por las decisiones, no tendrían otra posibilidad que externar sus inconformidades en redes sociales.

El diálogo festivo en todo momento, permitiría, que a pesar de las loas y alabanzas a la candidata, algunas y algunos ponentes expusieran con toda delicadeza (crudeza); la falta de contratación de docentes en educación inicial indígena, originada por un presupuesto insuficiente; carencia que afectaría a la infraestructura física adecuada y que originaría “maestras trabajando en espacios adaptados o prestados y que no tienen una escuela o aulas dignas, mucho menos materiales didácticos adecuados y personal de apoyo”; la falta de libros de texto para niñas y niños que cursan el preescolar indígena por dejar a esas escuelas al final de la lista de reparto; la aplicación de “pruebas estandarizadas a nivel federal para educación primaria que no consideran las particularidades de las escuelas indígenas bilingües, ni el enfoque de trabajo por proyectos que se propone en el programa 2022” y que no tomaría en cuenta a niñas y niños con capacidades diferentes y sobresalientes. A la candidata le pedirían que en su futuro gobierno “considere salarios más justos para maestros y maestras de los tecnológicos descentralizados similares o iguales a los tecnológicos federales; horas de clase más justas para maestros tiempo completo y asignatura de acuerdo en la normatividad de los tecnológicos nacionales”; la creación de nuevos centros de investigación; y, entre otras demandas más, incremento de becas de posgrado.

Quien siguiendo “la línea” pidiera la desaparición de USICAMM, solicitaría también “el incremento gradual de las Umas de 10 a 25 Umas” para las y los docentes jubilados […]; la transformación del servicio médico para que puedan tener una atención digna todos los trabajadores de la educación y el punto más importante: el reconocimiento a los maestros y maestras con una nivelación salarial digna para todos los niveles educativos y, principalmente, para los maestros de educación física, artística y educación indígena”.

Sobre la mesa se pondría a las maestras y los maestros que prestan sus servicios en educación inicial y que “no tienen una plaza docente; la plaza que tienen es de promotor educativo” con las inequidades en el cobro del salario y prestaciones; también a los que laboran en media superior y quienes “en su gran mayoría de los maestros trabajan por contratos por tanto no tienen todas estas prestaciones”.

Las respuestas de la candidata dejarían con la sonrisa en la boca al más pintado de los concurrentes y de quienes los dirigen; aun si solo las y los asistentes fueren simpatizantes del SNTE. Para todas y todos tuvo; sin embargo, las soluciones prometidas requerirían de un techo financiero que incrementaría al actual gasto educativo en un 100% y maestra y maestros tendrían que tomarlo con reservas, ya que, del plato a la boca, se cae la sopa.

Reglas contundentes

Gustavo Santin / Por editor

Cartas a Gracia

Estimada Maestra: El 5 de marzo del 2023 te habría enviado una carta, en la que pondría a consideración algunas reflexiones en torno a una vieja demanda de la burocracia sindical, que encabezaría la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, titular de las relaciones laborales colectivas, Gracia: la referencia se haría en torno al restablecimiento de la bilateralidad contemplada en el apartado b del Artículo 123 de la Ley Federal del Trabajo.

No obstante, la administración gubernamental (incluida la de Peña Nieto) sería muy clara al respecto y la revisión del tema, que se iniciara en una epístola anterior, cuyo tema central residiría en la capacitación docente Gracia, sería contundente bajo la afirmación: las maestras y los maestros tendrían derecho a “acceder a un sistema integral de formación, de capacitación y de actualización” docente.

Proceso que, aunque se regiría por lo que establecería la Ley del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, sería abordado previamente por la Ley General de Educación (LGE)” (La Jornada de Oriente digital nº 7328). Y si bien, el SNTE y la CNTE tendrían claro sus objetivos políticos incluida la reconquista de la bilateralidad a la hora del reparto de las plazas (tanto las de ingreso como las de promoción), la capacitación docente seguiría siendo una parte medular del discurso normativo para “revalorizar al magisterio”.

La fracción II del Artículo 3 del Capítulo Único Disposiciones generales, del Título Primero De la Revalorización de las Maestras y los Maestros de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (LGSCMM), establecería que: “Perseguiría los siguientes fines [II]: Fortalecer su desarrollo y superación profesional mediante la formación, capacitación y actualización [y el] pleno respeto a sus derechos [fracción VIII]”; aunque sin especificar si se referiría a sus derechos humanos, laborales, etc.

El Capítulo III De los ámbitos de competencia de la ley en comento, abordaría competencias y atribuciones de las autoridades federales, locales y descentralizadas. Entre ellas destacaría -Artículo 14- la reserva de la rectoría del estado al ámbito federal y, consecuentemente, la operación -subordinada- a las entidades; la ausencia de la capacitación en las atribuciones establecidas en el Artículo 14 y en el Artículo 15 asignadas “a las autoridades educativas de las entidades federativas, en el ámbito de la educación básica”.

Por su parte, el Artículo 16 establecería atribuciones de las autoridades de educación media superior y de los organismos descentralizados, entre otras, la mencionada en la fracción I que les obligaría a “instrumentar la oferta de programas de desarrollo profesional de conformidad con los criterios que determine la Secretaría” lo mismo que la determinación que les conmina, fracción III a “ofrecer […] cursos gratuitos […] para la formación, capacitación y actualización de conocimientos del personal docente, técnico docente y del personal con funciones de dirección y de supervisión que se encuentren en servicio”; de la misma manera (fracción IV) a “ofrecer [al personal docente] programas de desarrollo de capacidades para los procesos de selección”.

El Artículo 17 determinaría que corresponderían a la “Comisión” [Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación] en materia del Sistema, atribuciones, entre las que destacarían determinar “criterios generales de los programas de formación, capacitación y actualización, desarrollo de capacidades y de liderazgo y de gestión educativa que contribuyan a una mejor práctica de las funciones docente, directiva o de supervisión” de acuerdo a los procesos previstos en la LGSCMM y tomando en consideración los resultados de los procesos anteriores -fracción IV- “con el fin de establecer los programas de formación, capacitación y actualización de las maestras y los maestros”; lo mismo que los “criterios” -fracción V- que deberían seguir las autoridades educativas al “diseñar programas de formación, capacitación y actualización”.

El Artículo 62 de la Sección Segunda De la promoción a cargos con función directiva o de supervisión en educación media superior del Capítulo III De la admisión y promoción en educación media superior, haría obligatoria la capacitación para quien hubiese sido promocionado a una dirección y/o supervisión, bajo la siguiente premisa: “Deberá participar en los procesos de capacitación que definan las autoridades de educación media superior o los organismos descentralizados”.

El Artículo 78 se dedicaría a la figura de tutoría diseñada como una estrategia de profesionalización destinada al “personal docente y técnico docente” de nuevo ingreso. El Artículo 83 del Capítulo V De la asesoría técnica, tendría la misma finalidad que la mencionada en el Artículo 78: “Ser una estrategia de apoyo a las actividades de dirección a otras escuelas de educación básica”.

El Artículo 87 facultaría a las autoridades educativas federales de educación obligatoria, a coordinar y operar “un sistema de asesoría y acompañamiento a las escuelas públicas de educación básica y media superior, como apoyo a la mejora de la práctica profesional, bajo la responsabilidad de los supervisores escolares” en tanto que el Artículo 88 les permite establecer un “Servicio de Asesoría y Acompañamiento a las escuelas en educación básica [que] será proporcionado por personal con funciones de dirección o supervisión y por personal con funciones de asesor técnico pedagógica, de asesor técnico y de tutoría”.

Sin embargo, Gracia, las reglas establecidas por la Ley General para el Servicio de Carrera para las Maestras y los Maestros sería contundente y guste o no a los críticos, la capacitación estaría a cargo de las y los supervisores escolares y del personal directivo de las escuelas; dominen o no los temas que les encomiendan. Si cumple con el cometido y si fuese de calidad, lo dirían más adelante niñas, niños y adolescentes a través de los resultados que obtengan en las evaluaciones internacionales (PISA) Gracia.

Capacitación docente

Gustavo Santin / Por editor

Maestros

Capacitación docente

Cartas a Gracia

La capacitación de las y los docentes de educación básica y normal Gracia, soporte del proceso de revalorización de las maestras y maestros, de acuerdo a la normatividad aplicable en la materia, como mandataría el párrafo cinco del Artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en el que reconocería, que las y los docentes serían “agentes fundamentales del proceso educativo [y, tendrían] derecho de acceder a un sistema integral de formación, de capacitación y de actualización” docente.

Proceso que, aunque se regiría por lo que establecería la Ley del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, sería abordado previamente por la Ley General de Educación (LGE).

El Artículo 90 del capítulo 1 “Del magisterio como agente fundamental en el proceso educativo” y que correspondería al título cuarto “De la revalorización de las maestras y los maestros” de la LGE, reconocería que “maestras y maestros son agentes fundamentales del proceso educativo” y para “revalorizarlos” establecería IX políticas -fines- que le ayudarían a lograrlo; entre ellas, la relacionada a la “superación profesional”, proceso al que las autoridades educativas contribuirían “mediante la formación, capacitación y actualización”.

El fin establecido en la fracción V priorizaría, a la “labor pedagógica” sobre la administrativa, actividad -la segunda- que por abrumadora, se realiza en horas posteriores a su jornada y sin ser tiempo de trabajo formalmente reconocido; la fracción VI establecería que las actividades de “formación, capacitación y actualización serían resultado tanto de una “evaluación diagnóstica” como de la del lugar en el que realiza su actividad profesional, cuestión que podría interpretarse, sería de forma personalizado y de acuerdo a lo que requeriría cada uno de las y los docentes de educación básica.

Las fracciones del VII al IX reconocerían “sus derechos reconocidos en las disposiciones legales aplicables” (fracción IX) incluido, el de disponer “del tiempo necesario para la preparación de clases”, el que se supondría, se ejercería en el transcurso de la jornada de trabajo (fracción VIII), fracción que incluiría también la mención del “salario profesional digno”.

Curioso por como pudiera interpretarse el agregado de “y realizar actividades destinadas a su desarrollo personal y profesional”; de la misma manera, “impulsar su capacidad para la toma de decisiones cotidianas respecto a la planeación educativa” (fracción VII).

El Artículo 92 de la Ley General de Educación ordenaría “[constituir] un sistema integral de formación, capacitación y actualización” para maestras y maestros.

Establecería facultades de coordinación -entre autoridades educativas- en la materia enunciada y les facultaría para “suscribir convenios” con Instituciones de Educación Superior “nacionales y/o extranjeras que serían retroalimentados “por evaluaciones diagnósticas”. Las autoridades educativas, señala el párrafo 3 de este artículo, promoverían “programas de apoyo para el fortalecimiento de los docentes de educación superior que contribuyan a su capacitación, actualización, profesionalización y especialización”.

El sistema de referencia, que estaría a disposición del magisterio estaría sujeto a lo que estableciera, “la ley en la materia de mejora continua”. El segundo párrafo de este artículo les facultaría a colaborar en “proyectos regionales. El Artículo 93 establecería las reglas de operación a las que se sujetarían: 1) el ejercicio de la docencia en “educación básica y media superior”; 2) las promociones y 3) los reconocimientos de acuerdo a lo que estableciera la Ley General del Sistema para Carrera de las Maestras y los Maestros, si bien sujetaría a los “docentes de educación indígena que no tengan licenciatura”, a consideraciones particulares.

El Artículo 94 establecería una simplificación administrativa, cuestionada por docentes que han participado en algunos procesos, y a pesar de que establecería una medida que optimizaría la carrera docente de quienes tendrían años y felices días, como docentes asignatura y que contarían con contratos por hora semana mes.

El segundo párrafo de este artículo sería de suma importancia para quienes ejercerían su profesión como responsables de las supervisiones escolares y quienes, en contra de los usos y costumbres, establecidos por los mandos medios de las dependencias educativas, deberían en su trabajo, dar “prioridad respecto de los aspectos administrativos, a los apoyos técnicos, didácticos y demás para el adecuado desempeño de la función docente”. Adicionalmente, las y los titulares de estos organismos tienen la encomienda para fortalecer “la capacidad de gestión de las autoridades escolares y la participación de las madres y padres de familia”.

El capítulo II Del fortalecimiento de la formación docente, pondría el dedo en una llaga, que tendría más de 5 años abierta y que aún supura: la actualización de los planes y programas de educación normal, que en teoría deberían ser fruto de la creación colectiva y ser compatibles con la nueva propuesta pedagógica en boga; en tanto que el Artículo 86 del capítulo XI De las Tecnologías de la Información, Comunicación, Conocimiento y Aprendizaje Digital para la formación con orientación integral del educando, establecería que “las autoridades educativas […], promoverán la formación y capacitación de maestras y maestros para desarrollar las habilidades necesarias en el uso de las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital para favorecer el proceso educativo”. Sin embargo y a pesar de la doctrina y de las capacitaciones delegadas a las supervisiones escolares principales capacitadores de sus docentes subordinados, el presupuesto asignado a este rubro descendería de casi 2 000 pesos anuales asignados en la administración de Nuño al frente de la Secretaría de Educación Pública, a menos de 100 pesos anuales en la de Lety Ramírez (https://acortar.link/Jdkfxe).

Que tengas un buen receso Gracia y reflexiones acerca de la capacitación docente, tarea pendiente para las autoridades educativas.

Pese al reto de educar tras la pandemia, bajan presupuesto a formación docente https://politica.expansion.mx/mexico/2023/01/25/pese-al-reto-de-educar-tras-la-pandemia-bajan-presupuesto-a-formacion-docente

A propósito de mujeres en la educación 2024

Gustavo Santin / Por editor

Cartas a Gracia

El Boletín 40 Reconoce Sep participación de las mujeres para impulsar la educación humanista y científica, publicado el viernes 8 de marzo, evidenciaría que el sector educativo estaría conformado “mayoritariamente por mujeres” Gracia; y si bien el anuario Principales del Sistema Educativo Nacional 2022-2023, desagregaría la variable “alumnos” (mujeres-hombres) ignoraría a las maestras, agrupándolas en el término docentes, aunque hurgando en la red se podrían encontrar algunas referencias sobre el particular. NUMERALIA 17 509 600 (50.48%) de un total de 34 681 699 “alumnos” del Sistema Educativo Nacional son mujeres; cifras y porcentaje menores en 460 055 (0.01%) y 906 890 respectivamente a las correspondientes al ciclo escolar 2020-2021. 11 918 332 (48.45%) de un total de 24 109 222 “alumnos” que cursan la educación básica son mujeres; cifras y porcentaje menores en 219 374 (0.89%) y 488 012 respectivamente a las correspondientes al ciclo escolar 2020-2021. 2 801 706, el 52.07% de un total de 5 379 859 “alumnos” inscritos en educación media superior son mujeres, indicador que mostraría un crecimiento absoluto de 238 723 alumnas y porcentual de casi un punto (0.93%). 2 789 562, el 53.72% de un total de 5 192 618 estudiantes que se encuentran inscritos en Educación Superior son mujeres, cifra y porcentaje que evidenciarían un crecimiento de 704 343 alumnas, equivalente a 1.99%. Si bien, una publicación del Consejo Nacional de Población de fecha 15 de mayo de 2023 haría referencia a la información que en su momento proporcionaría la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, ENOE, INEGI y que ya habría sido comentado en la columna Maestros del 22 de marzo del 2022 intitulada: “Numeralia a propósito de mujeres en la educación” y al tratarse de la misma fuente, permitiría una comparación sui géneris en la que se cambiaría la base y permanecería el porcentaje: la publicación referencia estimaría que 878 000, el 69.9% de 1 197 778 de las y los docentes ocupados en educación básica son mujeres. Al calcular la correspondencia del porcentaje con los datos consignados en la página del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), (s. f.). Tabulados Interactivos (https://acortar.link/OcoASb) el número de maestras del ciclo escolar 2020-2022 ascendería a 1 411 722 (69.89%) de un total de 2 019 632 docentes. El Informe 2015 LOS DOCENTES EN MÉXICO que rindiera el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, referiría y tomando como fuente las Estadísticas Continuas del ciclo escolar 2012-2013, indicaría que: “En preescolar hay 93 educadoras por cada 100 docentes”; en primaria la presencia femenina disminuiría a 67%, mientras que en secundaria sería ligeramente superior (52%) a la de los varones; condiciones que se incrementarían en 2 o 3 puntos porcentuales si se considerasen cifras actuales. De ese documento se desprendería que más de 6.5 de cada 10 docentes de escuelas primarias públicas son mujeres (65.9%), mientras que casi 9 de cada 10 (86.6%) docentes de “primarias de sostenimiento privado” son maestras. La gráfica 1.4 Distribución de docentes en educación básica por sexo según nivel educativo (2013) mostraría que en el ciclo escolar 2012-2013, 93.2% (poco más 9 de cada 10) docentes de preescolar es mujer, y de la misma manera casi 7 de cada 10 (67.3%) docentes de primaria; 5 de cada 10 (52.7%) de secundaria y en promedio poco menos de 7 de cada 10 (67.5%); la gráfica 1.5 Participación femenina en educación media superior según sostenimiento (2013-2014) permitiría observar que solo el 41.74% de los docentes de los bachilleratos y similares serían mujeres y en cambio serían mayoría en los de origen estatal, alcanzando un 53.52%; condición que compartirían con las preparatorias autónomas en un 47.53%. El Informe 2015 abordaría entre otras cuestiones, el de la escolaridad. El cuadro 1.7 Docentes de educación media superior por máximo nivel de escolaridad según sostenimiento y sexo (2013-2014) mostraría que 2 375 docentes evidenciarían contar con el grado de doctor y cédula profesional; de ellos 991 son mujeres y 1 384 son hombres para una diferencia -favorable a los segundos- de 393 doctorados (39.65%). 33 699 docentes poseerían grado de maestría con título y cédula profesional y de ellos 16 163 son hombres (48%) y 17 536 (52.03%) mujeres. 179 388 contarían con licenciatura y de ellos 85 631, el 47.7% son mujeres. En franca minoría con el resto de los profesionales 4 273 contarían solo con “Normal terminada” de ellos 1973 (46.17%) serían profesoras y el complemento profesores. 5 766 contarían con “media superior o menos” y de ellos 2 095 (36.33%) son mujeres, quienes tendrían nombramiento sin ostentar ningún grado académico y estarían -presuntamente- a punto de jubilarse.

Tabulados Interactivos-Genéricos

Estadísticas de MEJOREDU

Gustavo Santin / Por editor

Cartas a Gracia

La primera parte de La Educación Obligatoria en México Informe 2019 presentado por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE) tendría un nombre muy sugerente: “Lo que todos debemos saber acerca de … La infraestructura escolar y los materiales y métodos educativos”; que bien, podría aplicarse a la consulta de los indicadores nacionales de la mejora continua de la educación en México (https://www.mejoredu.gob.mx/si-mejoredu/escuelas).

El sitio facultaría realizar consultas ingresando a la ventana: “Seleccione el indicador e información de su interés” que le permitiría a cualquiera acceder a un mapa que llevaría por nombre: Escuelas primarias y secundarias que disponen de servicio de electricidad, agua potable, servicio de lavado de manos, sanitarios, por entidad federativa, ciclo escolar 2020-2021, y que reflejaría los nichos -o ventanas- de oportunidad a los que se enfrentarían los nuevos titulares del despacho educativos federal, lo mismo que quienes dirigirían la política educativa en las entidades de la república.

Y a pesar de que el discurso del Artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establecería entre los criterios mencionados, en el inciso e) que [el servicio educativo sería] “equitativo, para lo cual el Estado implementará medidas que favorezcan el ejercicio pleno del derecho a la educación de las personas y combatan las desigualdades socioeconómicas, regionales y de género en el acceso, tránsito y permanencia en los servicios educativos”, y que el Artículo 2 de la Ley General de Educación mandataría, con independencia de los que se establecieran en otros apartados, que “El Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el ejercicio de su derecho a la educación.

Para tal efecto, garantizará el desarrollo de programas y políticas públicas que hagan efectivo ese principio constitucional”. Gobernantes de algunas entidades de recién ingreso al encargo, se encontrarían con una tarea ardua que requeriría de toda su energía, sapiencia, disposición presupuestal y ganas; tal cual sería el caso del Estado de México, entidad en la que 1 de cada 4 escuelas (75.34%), requerirían de una intervención mayor y cuyo porcentaje traducido a números arrojaría un total de 19 755 escuelas de primaria y secundaria; cifra que consideraría sólo a las escuelas públicas.

La Estadística educativa de la República Mexicana reportaría, en la publicación institucional (SEP) Principales cifras del Sistema Educativo Mexicano del ciclo escolar 2022-2023, la existencia de 199 500 escuelas de educación básica; de ellas 137 538, 3 de cada 5 instituciones (el 62.84%) que “corresponderían” al nivel de primaria y secundaria dispondrían “de servicio de electricidad, agua potable, servicio de lavado de manos, [y] sanitarios” y que, de acuerdo a la nueva retorica institucional, tendrían la oportunidad de ser incorporadas en un programa de mejora continua a partir del 1 de octubre del 2024, fecha en que una nueva administración tomará las rienda del gobierno.

No obstante, la obligación de este proceso recaería también en las administraciones locales, responsables de las escuelas de origen estatal; ambas deberían considerar que esta información estaría sesgada, al no incluir a las escuelas de educación preescolar y de educación inicial.

Sin embargo, las entidades de la federación que tendrían un mayor nivel de hacer historia, siempre y cuando invirtieran más en educación (incluiría gasto federal y local), serían las menos favorecidas en el reparto de recursos, destacando entre ellas en primer término: estados como Chiapas y Oaxaca, seguidas por Guerrero, Durango, Veracruz y Tabasco; en contraposición, se encontrarían entidades como Colima, Aguascalientes y Baja California que requerirían de menor esfuerzo.

La ventana de oportunidad de mejora continua sería mayor, como ya se mencionaría, en Chiapas que en el Estado de México. Mientras que en el segundo “1 de cada 4 escuelas (75.34%), requerirían de una intervención mayor”, en Oaxaca solo 1 de cada 4 de las escuelas (27.86%) contaría con los 4 indicadores considerados por MEJOREDU en este gráfico.

La entidad en la que naciera Benito Juárez García contaría con 12 647 escuelas de educación básica y de ellas, 5 296 prestarían servicios de educación primaria y 2 492 de secundaria para un total de 7 788; de ellas 5 168 merecerían y de manera urgente, un “portón de oportunidad” para las autoridades educativas de esa entidad y cuyo mando habría recaído en maestras y maestros vinculados con la sección 22 de la CNTE-SNTE. En una situación similar se encontraría el reporte de Chiapas; entidad en la que solo 1 de cada 4, el 26.99% de las escuelas, reportaría contar con los “servicios de electricidad, agua potable, servicio de lavado de manos y sanitarios”.

Chiapas contaría con 18 787 escuelas de educación básica; de ellas, 8 258 corresponderían al nivel de primaria y 2 593 al de secundaria para un total de 10 851, de las que 7 922 estaría rogando porque tanto su nuevo gobernante como quien encabezaría la titularidad del ejecutivo federal, les hicieran el milagrito y aprovechando el nicho de oportunidad dejaran las escuelas al CIEN.

Entre las entidades que tendrían una menor oportunidad de brillar realizando obra pública en las escuelas, Gracia, se encontraría Baja California. En ese estado más de 9 de cada 10 instituciones (92.33%) contarían con los servicios objeto del mapa de servicios que proporcionaría el organismo dedicado a la mejora continua.

El estado reportaría tan solo 2 712 escuelas de educación básica, y de ellas, 1 283 estarían destinadas a prestar el servicio de educación primaria y 474 de secundaria, para un total de 3 188 planteles. Partiendo de esta cifra, 244 podrían ser sujetas de intervención y las autoridades locales podrían levantar una bandera blanca, superando las estadísticas de MEJOREDU. Ante el reporte institucional las palabras saldrían sobrando Gracia; sin embargo, gobierne quien gobierne, el cumplimiento de lo mandatado por las leyes requeriría de una gran voluntad política para que niñas, niños y adolescentes cuenten con la educación de calidad que merecerían para contar condiciones básicas para un óptimo desarrollo Gracia.