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Se acabó la USICAMM

Maestros
“Se acabó la USICAMM”
Cartas a Gracia
Era nota de campaña estimada Maestra. Operadores políticos de algunas candidatas y candidatos a puestos de elección popular por Morena, señalaban la alianza entre Claudia Sheinbaun Pardo y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE); pacto que terminaría -presuntamente- con la vida de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (USICAMM), Gracia. Los Diálogos con el Magisterio en diferentes entidades perfilarían los cambios anunciados el 15 de agosto del presente año “al recibir su constancia de presidenta electa”. Claudia en ese momento ungida señalaría: “vamos a dar fin a USICAMM, se acabó la USICAMM y vamos a construir juntos y juntas, un nuevo sistema que tome en cuenta a los maestros y las maestras Y por supuesto, sin caer en viejas prácticas de corrupción”; al tiempo que esbozaría algunos de los 100 compromisos que anunciaría al asumir el 1 de Octubre, la titularidad del ejecutivo federal.
Mediante el Comunicado 36-2024. El SNTE celebra respuesta de Claudia Sheinbaum de desaparecer la USICAM, la organización se congratularía por medio de su secretario general Alfonso Cepeda Salas “por la respuesta que le dio la Presidenta Electa […] a la justa demanda del magisterio de desaparecer la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM); Cepeda reiteraría las denuncias en contra del organismo rector (USICAMM) que durante años formularían -fundamentalmente- maestras y maestros y a las que, más adelante se sumarían las centrales magisteriales (SNTE-CNTE-sindicatos independientes) como se señalaría en el documento: “ya que vulnera sus derechos laborales y salariales [ y se requeriría] una nueva ley transparente, justa e imparcial, en la que participemos como garantes de los derechos de las y los docentes, en beneficio de la escuela pública”. No obstante, la organización magisterial y tras la respuesta asumiría y de acuerdo al Comunicado 37. El SNTE establece cuatro compromisos con la Presidenta Electa y asumiría el 23 de agosto, en un acto realizado en la ciudad de Pachuca al que asistiría el titular del ejecutivo local.
Respondiendo al adagio: Amor con amor se paga, el Comunicado establecería cuatro compromisos con la Presidente electa, que por intermedio de su secretario general asumiría la organización sindical más importante de México y de América Latina, sin renunciar al derecho que les asistiría en la defensa de los derechos laborales de sus agremiados; dos de ellos vinculados a la política social y asistencial, y los otros dos relacionados con temas de política educativa. Cepeda Salas comprometería a las maestras y a los maestros afiliados con la organización a que “se desempeñen como los mejores trabajadores de la educación del país y tener escuelas públicas de excelencia”; [lo mismo que a] “no violentar ni parar nunca los servicios educativos. Seremos garantes de servicios educativos cotidianos, permanentes”, para lograr que la educación vuelva a ser la plataforma principal de movilidad social, del progreso y bienestar de las comunidades”.
Adicionalmente, Salas se obligaría a “mantener la estabilidad y gobernabilidad en el campo educativo; la educación no será campo de conflicto y mucho menos de inestabilidad. Estabilidad y gobernabilidad son indispensables para que la educación cumpla sus objetivos de manera armónica, pacífica, exitosa, para el logro de la política educativa y el crecimiento de las comunidades donde se ubican las escuelas públicas”; sin tomar en cuenta que las formas propias de la corriente institucional no serían las mismas de quienes se consideran militantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, ni a los que pertenecen a otros sindicatos magisteriales y/o estatales y mucho menos a los que pertenecen a sindicatos por escuela que tienen toma de nota, aun cuando carezcan de la titularidad de las relaciones laborales colectivas que siguen correspondiendo al SNTE.
Dos día más tarde y al conjuro del refrán “a dios rogando y con el mazo dando”, la organización pondría en marcha trabajos que les llevarían a generar una consulta para sustituir a la ley presuntamente en liquidación, como lo anunciaría el Comunicado 38 (25 de agosto; CDMX). El SNTE inicia consulta para la reforma a la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (https://snte.org.mx/blog/comunicado-38-2024/). Consulta nacional cuyo propósito buscaría “integrar una propuesta de reforma a la ley [ya citada previamente] que ponga fin a USICAMM” y que buscaría terminar con los agravios a los profesores, que se habría verificado entre los días 26, 27, 28, 29 y 30 del mes de agosto pasado. Agravios -mencionaría Salas- entre los que se encontrarían: “Oculta[r] las plazas y las vacantes para cambios de centro de trabajo; a discreción deciden quiénes tienen derecho y quiénes no a participar en los procesos. Han profundizado la inequidad al haber adoptado la modalidad en línea para todos los procesos, ignorando la brecha digital en el magisterio nacional. Tenemos evidencia de la falta de asignación de maestros a grupos hasta por un ciclo escolar”, entre otras, que en su momento fueron divulgadas por las y los afectados en redes sociales. A ellos se sumarían las deficiencias con la que operaba la plataforma Venus; el “hackeo” del sistema que se resolvería culpando a docentes y repitiendo el proceso de admisión (25 de junio 2024); la acusación terrorista (mediática) que pedía que docentes acusaran a sus compañeros y la judicialización (señalamiento) de presuntos responsables de falsificar documentación que acreditarían cursos realizados por maestras y maestros mediante campañas de las que sería responsable, el jurídico de USICAMM.
Sin embargo y a pesar de las promesas, en el compromiso nº. 30 asumido por la titular de ejecutivo federal, solo se comprometería a “evitar la corrupción en la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros”; pero ignoraría el fin de USICAMM prometido en campaña y anunciado el 15 de agosto pasado y que podría interpretarse como que el amor anunciado valdría menos que el amor jurado con letras, compromisos que se convertirían en una política publica en los próximos meses Gracia; aunque ambas partes mantengan estrategias ocultas.

La Suprema Corte VS. la 4T la Batalla Final

LA SUPREMA CORTE V.S LA 4T, LA BATALLA FINAL “

                                                                                *Dr. Julián Germán Molina Carrillo.

Uno de los puntos centrales del discurso del expresidente López Obrador, después de los resultados de las elecciones del pasado dos de junio, en los que su partido Morena y sus aliados el PT y el PVEM obtuvieron treinta y seis millones de votos, con los que ganaron la presidencia de la república y la mayoría “calificada” en la Cámara de Diputados y la mayoría simple en la de Senadores, fue el que su triunfo representaba la voluntad del pueblo para la continuidad del segundo piso de la cuarta transformación de la vida pública del país, iniciada durante su gobierno y que deberá seguir ahora bajo la presidencia de Claudia Sheinbaum Pardo quien asumió el cargo el pasado uno de octubre.

Para el partido oficial, el triunfo contundente de sus candidatos, significa que el pueblo con su voto, les otorgó un cheque en blanco para hacer y deshacer las instituciones del país y modificar la Constitución General de la República a su conveniencia, sin tomar en cuenta a los demás ciudadanos, que si representan la mayoría de la población de acuerdo al padrón electoral y que no les dieron su voto en las pasadas elecciones y que también son pueblo.

El argumento anterior, no fue suficiente para darle más espacios a los partidos de la oposición y minoritarios que debieron tener más diputados de representación proporcional en la Cámara baja y Senadores, logrando obtener Morena y aliados una sobrerrepresentación que no les fue dada en las urnas por los electores.

Con la mayoría calificada en ambas cámaras, el expresidente AMLO, logró la aprobación de la reforma al poder judicial de la federación, a pesar de las opiniones en contra de especialistas, de estudiantes de derecho, de organizaciones de la sociedad civil, de organismos internacionales y de los funcionarios del Poder Judicial que hasta el día de hoy continúan en paro de actividades, ante la cerrazón y negativa del gobierno anterior y de los legisladores de escuchar sus demandas y de que se respeten sus derechos laborales adquiridos.

Hasta ahora, nada ha logrado cambiar la imposición del Poder legislativo que aprobó la reforma constitucional y del ex presidente López Obrador, que el pasado 15 de septiembre ordenó la publicación del decreto de reforma al poder Judicial de la federación, a pesar de la existencia de dos incidentes de suspensión de Jueces de Distrito que le ordenaron detener la publicación de la reforma, el ex presidente desatendió las suspensiones y ordenó su publicación en el Diario Oficial de la federación.

El pasado 30 de septiembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington D.C. a solicitud del Colegio de Secretarios y actuarios federales y de otros funcionarios judiciales, dio respuesta a la solicitud de audiencia para tratar la reforma al poder judicial en México citando a los peticionarios para el día 12 de noviembre de este año, con lo que se da inicio al procedimiento para que la Comisión conozca del tema y de no llegarse a una solución, el caso se turne a la Corte Interamericana de derechos Humanos con sede en San José Costa Rica para su resolución final, lo que puede tardar aún varios meses; sin embargo por la importancia del asunto se prevé se le de celeridad y el Gobierno de México sea emplazado para dar respuesta ante la Corte.

También el día de ayer, finalmente el Pleno de Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con ocho votos a favor y tres en contra, aprobó abrir una controversia para decidir si tiene facultades para revisar la reforma judicial y en su caso si puede revertirla o incluso anularla. Lo anterior a solicitud de jueces y magistrados para revisar la reforma que debe ser sometida a control constitucional, por lo que la solicitud será turnada a un Ministro a fin de que elabore el proyecto y el mismo sea sometido a votación del pleno.

Con esta decisión del máximo tribunal de nuestro país, de acuerdo a la opinión de las Ministras Yasmin Esquivel y Lenia Batres, la primera afirmó que: “la Corte, estaría creando una crisis constitucional y adoptando una actitud golpista, señalando que es demasiado tarde para buscarle errores a la Constitución y demasiado pronto para presagiar un fracaso a una reforma constitucional que apenas comienza”

La presidenta Claudia Sheinbaum, en su conferencia mañanera del viernes cuatro de octubre, señaló que. “…acepta lo que le plantea la corte, algunos Ministros de la Corte para analizar la constitucionalidad de la Constitución que está totalmente fuera de norma, en ningún lugar de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dice que la Corte puede cambiar la Constitución, yo supongo que ellos están provocando cual es nuestra reacción y no sólo son los Ministros, sino un grupo que se reúne alrededor de la Ministra presidenta, que están ahí buscando la manera de parar la transformación..”

En las condiciones anteriores, es definitivo que tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación con la mayoría de los Ministros, tiene los elementos jurídicos necesarios para echar abajo la reforma constitucional al Poder Judicial, desde las violaciones al proceso legislativo, en las que incurrieron ambas Cámaras para la aprobación, hasta el hecho de que la reforma en sí, es violatoria de lo establecido en la Constitución General de la República, al eliminar la independencia judicial y  la autonomía del poder Judicial, con lo que atenta en contra de la División de poderes y el orden constitucional voluntad del pueblo mexicano, al establecer como forma de gobierno el de ser una república.

Lo anterior, sin dejar de tomar en consideración las opiniones y probables resoluciones de organismos internacionales, en contra de la reforma al poder judicial.

Es previsible que el gobierno federal representado por el poder ejecutivo y el legislativo, se mantengan en su posición de sostener la reforma aprobada al precio que sea y de usar los medios a su alcance para que se avance en la elección de los Ministros, magistrados y Jueces en los períodos establecidos, bajo la organización y procedimientos del INE.

Mientras los ciudadanos y justiciables, que al final son los más afectados, esperan que las partes lleguen a un acuerdo y que la impartición de justicia mejore y se imponga el estado de derecho, alejado de los conflictos políticos y partidistas que s+olo han deteriorado la imagen de nuestro país al interior y a nivel internacional.

Estamos a días de conocer, ¿cuál será el resultado de la batalla final? Hacemos votos porque no haya ganadores, ni vencidos, sino que el resultado sea el más benefico para los ciudadanos.

 

                                  *Director fundador del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla.

Educación superior: caso de Puebla

Cartas a Gracia

El documento “Estado de Puebla. Perfil de la Educación Superior, ciclo escolar 2021-2022” que presentara Luciano Concheiro Bórquez, subsecretario de educación superior de la Secretaría de Educación Pública, en el marco de la Jornada -nacional- de Difusión de la Nueva Política Nacional del Sistema de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, ante el pleno de la COEPES Puebla y cuya sede fueran instalaciones de la Benemérita (13-1-2023), daría cuenta de la situación que guardara al ciclo escolar citado con antelación, y se vincularía con la carta anterior en la que resaltarían algunos datos generales Gracia.

El cuadro nº 2 “Puebla: Matrícula de educación superior (profesional y posgrado) y su distribución por tipo de institución, ciclo 2021-2022. Las IES públicas contribuyen con el 58% de la matrícula profesional y 12% de la matrícula de posgrado”, tendría una segunda lectura independientemente del análisis que mereciera. El 42.1% de quienes cursan profesional serían atendidos por particulares, lo mismo que el 87.8% de los matriculados en posgrado. Resaltarían, tanto la atención que al 30.5% del alumnado (92 224) de profesional que proporcionaría la BUAP, como la atención que otorga el Tecnológico Nacional de México al 10.2% de los inscritos en el mismo rubro. El que sería el cuadro nº 3 “Puebla: Matrícula de educación superior según nivel educativo y sostenimiento, ciclo escolar 2021-2022 vs 2020-2021 [se acompañaría del siguiente subtítulo] En el ciclo escolar 2021-2022, la matrícula total en la entidad (profesional + posgrado) aumentó en 27 561 estudiantes (8.8%); 10 176 en las IES públicas y 17,385 en las IES particulares”.

Cuadro del que resaltarían los siguientes indicadores: los incrementos absolutos en profesional serían superiores en Puebla que en el promedio nacional, 8.4% en el primer caso y 1.5% en el segundo; mientas en Puebla el incremento en posgrado sería del 12.6%, si bien se debería considerar que el posgrado público local decrecería un 7.8% y que se explicaría por el incremento de 16.1% que tendría el posgrado particular. La variación porcentual en posgrado, a nivel nacional, solo crecería en ese ciclo escolar en 4.6%.

Del cuadro que -aparentemente- sería el nº 4, intitulado “Puebla: Variación de la matrícula de educación superior (profesional y posgrado) por tipo de institución, ciclo escolar 2021-2022 vs 2020-2021 [y con el subtítulo] En el ciclo 2021-2022 la BUAP contribuyó de manera decisiva al incremento de la matrícula total de la IES públicas, con casi 11 mil estudiantes más”, resaltarían varios indicadores: La matrícula total crecería en 27 561 estudiantes, un 9.86%; en tanto que la BUAP la incrementaría en 10 936 al pasar de 84 288 en el ciclo escolar 2020-2021 a 95 224 en el 2021-2022 que equivaldría a un 11.29%. Las universidades públicas estatales y de apoyo solidario decrecerían su matrícula en 29 unidades; el Tecnológico Nacional de México en 1 422 estudiantes; la universidades tecnológicas en 999 alumnos; la universidades politécnicas 30 y las normales públicas 89. En tanto, las IES particulares crecerían en 17 385 alumnas y alumnos, al pasar de 143 229 a 160 614 (12.13%) en el ciclo escolar de referencia.

El cuadro no 8 “Puebla: Variación de los estudiantes de nuevo ingreso a educación superior (profesional y posgrado) por tipo de institución, ciclo 2021-2022 vs 2020-2021. En el ciclo 2021-2022 la matrícula de primer ingreso aumentó en 16 185 estudiantes; de éstos, más de 14 mil en la IES particulares y solo 1 826 en la IES públicas” al pasar el “primer ingreso” de 88 509 en 2020-2021 a 104 694 (18.28%) en 21-22. Entre las instituciones en las que decrecería la matrícula se encontrarían el COLPOS con -5 estudiantes; el Tecnológico Nacional de México con -160; las universidades politécnicas con -75; las normales públicas con -305 y las normales particulares con -137. El siguiente cuadro, el nº 9 “Puebla: Variación de los estudiantes de nuevo ingreso a posgrado (especialidad, maestría y doctorado) por tipo de institución, ciclo 2021-2022”, evidenciaría que en ese ciclo escolar, el 91.63 % de los 17 331 alumnos de la matrícula de nuevo ingreso, recaería en las IES particulares (15 881). El resto sería captada por la BUAP (711 estudiantes); 46 por el Tecnológico Nacional de México; 124 por otras IES públicas; y por último, 338 por universidades pedagógicas. El cuadro nº 10 Puebla: “Egresados de educación superior por tipo de institución, según nivel educativo, ciclo 2020-2021. En el ciclo 2021-2022 se registraron 54,085 egresados en la entidad, de los cuales 42,034 en programas de pregrado y 12,051 en programas de posgrado, 57% de los egresados de programas de pregrado corresponden a IES públicas” y el resto a las IES privadas.

De los 58 085 egresados de instituciones de la entidad, 42 034 (72.36%) corresponderían a profesional (licenciatura) y 12 051 (20.74%) a posgrado. Mientras que las IES públicas egresarían en licenciatura a 24 133 (57.41%) de los 42 034 graduados; la benemérita, por su parte, haría lo propio graduando ella sola a 9 274 de los 24 133 de las IES públicas, el 38.42% de ese subtotal; en tanto que las IES particulares egresarían -en conjunto- a 17 901 (42.58%). La BUAP graduaría a 1 086 (57.55%) de los estudiantes 1 887 acreditados a las IES públicas y que representarían a su vez, el 15.65% del total de graduados en ese nivel (12 051); en tanto que 10164 (84.34%) egresarían de IES particulares. Estarías de acuerdo Gracia, en que la presentación pública del documento que hiciera Luciano Concheiro habría sido un gran avance en el mundo de la desinformación; sin embargo, también que su recurrencia en tiempo y forma es una necesidad permeada por la transparencia. La próxima carta te llegará cuando el futuro nos alcance y Luciano despache en otra oficina.

15 seSeptiembre 2024, el fin de la República en México

*Dr. Julián Germán Molina Carrillo.

El 15 de septiembre de 2024, pasará a la historia de México, como el día en que desapareció la república, tal como la habíamos conocido, desde el constituyente de 2017, con la división de poderes y un régimen democrático fundamentado en la voluntad soberana del pueblo, establecida en el artículo 39 de nuestra Carta Magna.

Señalo lo anterior, por que en esa fecha, el Presidente de la República, ordenó la publicación en el Diario Oficial de la Federación del Decreto mediante el cual se aprueba la reforma al Poder Judicial de la federación y se establece un mecanismo mediante el cual en 2025 se elegirán a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Magistrados de Circuito y Jueces federales a través del voto de los ciudadanos y mediante una tómbola en la que se elegirán, no a los más aptos, sino a quienes buscarán los cargos, aún sin contar con la experiencia y carrera judicial, para llevar a cabo tan importante labor en la impartición de justicia.

Con la aprobación de la reforma, se elimina la independencia judicial porque quienes lleguen a ocupar los cargos mediante el procedimiento citado, estarán sujetos a la supervisión del Tribunal de Disciplina Judicial integrado por cinco miembros que se elegirán bajo el mismo procedimiento y requisitos para ocupar el cargo de Ministro de la Suprema Corte, sin tomar en cuenta que sus facultades y responsabilidades son totalmente diferentes.

Pero vayamos al hecho de que este Tribunal de Disciplina Judicial, se encargará de investigar y sancionar a todos los funcionarios judiciales, iniciando, tramitando y resolviendo el procedimiento de responsabilidad administrativa; sin embargo se convertirán en un super poder que lejos de sólo un revisor de las actuaciones judiciales, sin duda alguna se convertirá en un tribunal inquisitorio cuya actuar será discrecional y gozará de total impunidad, debido a que la misma reforma, no establece quien vigilará a los vigilantes lo que les dará un estatus superior sobre los demás integrantes del poder judicial. Incluso no se fijaron la forma y términos en que dicho Tribunal determinará sus procedimientos de evaluación de los funcionarios del poder judicial, la legalidad de sus resoluciones y su publicidad y fundamentación, lo que traerá como consecuencia que los funcionarios judiciales queden en estado de indefensión, perdiendo no sólo su trabajo, sino también hasta su libertad en los casos en que exista una denuncia en su contra y se les abra una carpeta de investigación.

Mediante este entramado, quienes se atrevan a dictar una resolución o sentencia en contra de los intereses del gobierno federal o de los estatales, de inmediato será sujeto de la acción del Tribunal de Disciplina judicial. Así las cosas, el Poder Judicial de la federación, además de perder su independencia, quedará sujeto a las decisiones del poder ejecutivo y bajo la lupa del Poder legislativo que estará presto a tramitar juicio político contra los funcionarios judiciales que dicten resoluciones en contra de los intereses del estado. El daño al sistema de división de poderes y la pérdida de contrapesos en el gobierno, en lo inmediato se reflejará en el atraso de todos los procedimientos y juicios que se tramitan ante los tribunales federales, que ante el paro actual, se siguen acumulando y difícilmente se resolverán e el corto o mediano plazo por la falta de personal y presupuesto que se verá seriamente recortado en el presupuesto de egresos 2025 y con la desaparición de los fideicomisos que el gobierno federal absorberá por medio de la Secretaría de hacienda.

salida de 300 magistrados de circuito que han solicitado su jubilación en días pasados y la renuncia masiva de jueces de distrito en los próximos días que no participarán en los procesos de elección en 2025, reflejan un panorama desastroso para la impartición de justicia del país, ya que al eliminar la carrera judicial y ante los bajos salarios que se asignarán muchos de ellos han decidido no continuar en el poder judicial. Por todo ello, el control del Poder Judicial federal, es un golpe mortal a nuestra república y no hay forma de revertir las consecuencias. Más ahora que a unos días de que asuma la presidencia Claudia Sheinbaum, quién había planteado la separación del Gobierno del Partido, fue desmentida por el hijo de AMLO Gonzalo Lopez Beltran Secretario de Organización de Morena, quién a través de la red X, señaló que: “ la disidencia en la nación y en el partido es traición a la patria y nos corresponde defender a México, al pueblo y a MORENA que en realidad son uno sólo”

*Director fundador del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla.

“¿Felipe Calderón, tuvo razón en la militarización? “

*Dr. Julián Germán Molina Carrillo.

 

Uno de los elementos centrales del discurso del presidente AMLO, en las campañas por la presidencia en 2012 y 2018 fue en contra de la militarización de la seguridad pública y en contra de la guerra contra los carteles del narcotráfico, iniciada en 2006 por el presidente Felipe Calderón, a quién desde la oposición lanzó fuertes críticas y cuestionó acusándolo de ser el culpable de iniciar una lucha, que sólo vino a aumentar la violencia en varios estados del país donde los carteles tenían el control del trasiego de las drogas y por ir quitando la responsabilidad de las tareas de seguridad pública a los gobiernos municipales y de los estados de la república.

En una de sus celebres declaraciones en 2010 señaló: “No es con el ejercito como se pueden resolver los problemas de inseguridad. No podemos aceptar un gobierno militarista ….No apostar a una república militar, sino civilista”

En 2012 declaró: “El ejercito no está preparado para esta función, es otro su encargo” agregó “tenemos que ir regresando al ejercito ( a los cuarteles) en la medida en que se va profesionalizando la policía”

Varios de sus seguidores que ahora ocupan puestos en la dirigencia de Morena y en su gabinete, se unieron a dicho discurso manifestando su preocupación en el sentido de que dar las funciones de la seguridad pública a las fuerzas militares, originaria la violación a los derechos humanos de los mexicanos.

Pese a lo anterior y ya en la presidencia, López Obrador, lejos de regresar a los soldados a los cuarteles, decidió dar mayor presupuesto al ejercito y la marina y convertir a los militares en una parte importante en la ejecución de sus proyectos insignia como la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en Santa Lucia y del aeropuerto Felipe Carrillo Puerto en Tulúm, la remodelación del aeropuerto internacional de Chetumal, la construcción de tres tramos del Tren Maya, la reconstrucción de 32 agencias aduanales, la construcción de seis hoteles en zonas turísticas, de parques en Quintana Roo y Mérida,  así como asignarles diversas tareas en áreas estratégicas del país, como las aduanas, puentes fronterizos y otras obras de infraestructura y empresas, en las que no se han transparentado los montos gastados, ni dado a conocer a los beneficiarios de los contratos o de las licitaciones si es que existieron.

De alguna manera para el presidente, el ejercito le ha sido más útil en este tipo de tareas, que en el combate a la inseguridad y la captura de los diferentes grupos delictivos que controlan diversas zonas del país.

Pero desde la presentación de las iniciativas de reformas constitucionales anunciadas por el Presidente y que ya han sido aprobadas por la Cámara de Diputados en lo general y en lo particular, se establece que la Guardia Nacional queda adscrita al ejercito consolidando así un estado de excepción permanente en el país, que de acuerdo a la opinión de organismos internacionales como Amnistía Internacional y del Alto Comisionado de Naciones Unidas, conducirá a un mayor número de violaciones a los derechos humanos en el país.

El texto de la reforma, expone claramente la transformación del pensamiento de AMLO, de 2010 y 2012 en los que proclamaba que el país, no podía apostar por una república militar, sino civilista; pero ahora en 2024, una de las razones fundamentales de la iniciativa, son las fallas institucionales de los policías como cuerpos de seguridad pública, sin embargo y a partir de que en el gobierno de Felipe Calderón se dio a los militares tareas de seguridad pública para combatir la criminalidad, con lo que las denuncias de violaciones a los derechos humanos de los ciudadanos aumentaron, ya que los militares carecen de una formación especializada en seguridad y prevención de la criminalidad.

Si analizamos las estadísticas en el aumento de los índices de la criminalidad en el país de 2006 a la fecha con el ejercito en funciones de seguridad, estos años con año han aumentado en los tres últimos sexenios, siendo este de 2018 a 2024 que culmina el 30 de septiembre el más alto con un número de casi doscientos mil homicidios dolosos.

Prácticamente la iniciativa presidencial, culpa a la administración de Felipe Calderón del fracaso en el combate a la inseguridad y la delincuencia, por la complicidad que se dio entre las corporaciones policiacas con los carteles del narcotráfico, siendo Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Calderón, el ejemplo más contundente de esta situación y los casos se multiplicaron a nivel federal y en los estados, sin que se haya echado a andar una estrategia del actual gobierno para investigar y meter a la cárcel a los implicados.

La iniciativa del presidente empodera aún más al ejército con el control de la guardia nacional con más elementos y un presupuesto anual que de acuerdo a la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad podría ascender a más de 400 mil millones de pesos, además del manejo de otras áreas estratégicas del gobierno.

De nada sirvieron los argumentos esgrimidos por la oposición en la Cámara de Diputados y de las organizaciones nacionales e internacionales, para frenar su aprobación y aunque en el discurso de los legisladores de Morena se ha dicho que la adscripción de la Guardia Nacional al ejército, no significa que lleguemos a la militarización del país y de que se respetarán los derechos humanos de los ciudadanos, nada garantiza que esto no ocurrirá y que el número de víctimas colaterales en los operativos que se realicen para combatir a los grupos de la delincuencia organizada y los carteles, eleven la suma de homicidios de personas que podrían quedar en medio del fuego cruzado o perder la vida, por estar en el lugar equivocado, sin que exista poder humano que pueda evitarlo y mucho menos que los responsables sean juzgados y se les apliquen las penas que correspondan.

Seguramente el Senado, no tendrá ningún problema para aprobar la reforma constitucional en esta materia y antes de que entre en funciones la nueva presidenta el 1 de octubre, tendrá a su favor el desmantelamiento del Poder Judicial de la Federación y al ejercito, la marina y la Guardia Nacional como su brazo armado para combatir la delincuencia al costo de vidas que sea necesario pagar, en aras de terminar con la violencia e inseguridad en el país.

 

 

*Director fundador del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla.

Puebla y Veracruz; cifras de educación superior

Cartas a Gracia
Aunque el tema Educación Superior ya habría sido objeto de una carta anterior Gracia,
recordarías que se abordó de manera genérica, mencionando cifras y porcentaje nacionales; no obstante y por cuestiones particulares de querencia, que serían ajenas a tu biografía, centraría la presente en dos entidades de manera particular: Puebla y Veracruz. De acuerdo a las Principales cifras 2022, Educación superior contaría con una matrícula de “4 millones de alumnos”; 12.2% del total (pág. 14). De ese total (4 032 931 estudiantes, aunque Concheiro la incrementaría a 5 millones cuatrocientos mil estudiantes), el 3.9% (155 615) cursaría técnico superior; 3.2% (130 720) normal; 87.1% (3 511 446) licenciatura; y, finalmente, 5.8% (235 150) posgrado. El cuadro Alumnos por sexo, sostenimiento y entidad federativa (pág.16), señalaría la existencia de 32 979 551 alumnos; de ellas y ellos, 16 561 325 (50.21%) son mujeres y 16 418 226 (49.78%) hombres.  A 3 139 010 (9.51%) los mantendría la federación mientras que 23 394 155 (70.9%) dependerían del gasto educativo local; en tanto que 2 195 168 (6.65%) dependerían de órganos autónomos, quienes se financiarían con subsidios estatales + subsidios federales + ingresos propios. Un 7.75% (4 251 218) dependerían de Instituciones de Educación Particular.
El 5.70% (1 881 972 alumnos) de la matrícula nacional radicaría en Puebla. De ellas y ellos, el 50.72% (954 474) son mujeres y el resto 49.27% (927 318) hombres; 2.88% (53 369) dependerían del gasto educativo federal; 77.55% (1 459 633) de recursos locales; 6.12% (115 222) del gasto de autónomos; y, finalmente y en este rubro, 13.47% (101 883) del gasto de particulares. En tanto que la matrícula en Veracruz ascendería a 1 864 562 (5.63%) estudiantes; 49.8% (929 234) son mujeres y 50.1% (935 328) hombres; 5.83% (109 947) dependería de recursos federales; 82.32% (1 535 003) de recursos estatales; 3.15% (58 825) de IES de carácter autónomo y un 8.62% (160 787) de IES de financiamiento particular.
El rubro Docentes por sexo, mantenimiento y entidad federativa consignaría un total total de 2 017 682 docentes; y de ellos, 98 434 (4.87%) prestaría sus servicios en Puebla (pág.17). Tan solo el 2.50% (2 465) del total de los docentes que prestarían sus servicios en la entidad (pág. 262), estarían adscritos a educación superior y de ellas y ellos, el 43.65% (1 076) son mujeres y el 56.34% (1 389) son hombres. El 8.43% (208 docentes) dependerían de la federación; 4.13% (102) del Estado; 523 (21.21%) de organismos autónomos y 1 632 (66.20%) de particulares. Veracruz por su parte contaría con 2 055 docentes; el 3.38% de participación nacional. De ellos, el 44.33% (911) son mujeres y un 55.66% (1 144) son hombres.
La infraestructura educativa nacional estaría integrada por un total de 255 537 escuelas, incluyendo sus respectivos edificios y anexos. De ellas, 33 033 (12.92%) serían federales; 174 930 (68.45%) estatales; 2 139 (8.37%) autónomas y 40 435 (15.82%) particulares. El 3.92% (8 160) de las 255 537 corresponderían a educación superior; 5.80% (474) atañerían a instituciones federales; 16.15% (1318) a instituciones de carácter estatal; 1 770 (21.69%) a instituciones autónomas; y finalmente, 4 598 (5.63%) a escuelas de educación superior de carácter particular. Puebla contaría con 14 280 escuelas, el 5.58% del total. De ellas, 1 684 (11.79%) tendrían carácter federal; 10 127 (70.91%) estatal; 80 (0.56%) autónomas; y finalmente, 2 389 (16.72%) particulares. Veracruz tendría menos alumnos que Puebla pero más docentes, también le superaría en infraestructura educativa al contar con 22 711 escuelas que corresponderían a un 10.84% del total nacional. De ellas, 2 567 (9.43%) tendrían un carácter federal; 17 961 (79.08%) estatal; 118 (0.56%) autónomo y para acabar, 2 055 (9.04%) particular.
El Perfil de la educación superior del Estado de Puebla correspondiente al ciclo escolar 2021-2022, fechado en enero del 2023 y suscrito por la subsecretaría de educación superior (federal), plasmaría en el cuadro “Puebla: Instituciones, escuelas, docentes y matricula de educación superior por tipo de institución, ciclo 2021-2022”, la existencia de 319 instituciones y 446 escuelas; 24 619 docentes y una matrícula de 340 316 estudiantes, de los que 302 536 (88.89%) estarían inscritos en “profesional” y 37 780 (11.40%) en posgrado. De las IES mencionadas, 58 serían públicas; entre ellas, una “IES federal (COLPOS)” y una autónoma que contaría con 59 escuelas; 2 tendrían el carácter de “universidades públicas estatales y de apoyo solidario, las que contarían con 2 escuelas; adicionalmente, Puebla contaría con 17 instituciones/escuelas del Tecnológico Nacional de México y 3 instituciones/escuelas con el nombre de Universidades Politécnicas. Bajo el rubro “otras IES Públicas”, aparecerían registradas 9 instituciones con 43 escuelas; en tanto que la Universidad Pedagógica Nacional contaría con 3 instituciones y 4 escuelas; 1 centro “Conacyt” con 1 institución y 1 escuela y con 261 IES particulares, quienes adicionalmente contarían con igual número de instituciones y 304 escuelas y para cerrar el cuadro. Bajo el rubro Normales particulares se reportarían 17 escuelas.
Las comparaciones son odiosas; sin embargo, sería importante reconocer Gracia que, mientras que Puebla contaría con una matrícula superior, tendría una planta docente y una infraestructura educativa menor.

Lo perjudicial de la Reforma Judicial

                                                                              *Dr. Julián Germán Molina Carrillo.

Finalmente los pronósticos se cumplieron y el Presidente López Obrador, logró la aprobación de la reforma constitucional al Poder Judicial, que como un regalo de despedida al término de su mandato, le prometió el aún líder de Morena, Mario Delgado Carrillo hace más de tres semanas, apuntando toda la estrategia partidista y de la coalición que integran al PT y PVEM, primero para lograr que tanto el INE como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la federación, les reconocieran la sobrerrepresentación en ambas cámaras, tanto la de diputados como la de senadores ,a pesar de los recursos interpuestos por los partidos de oposición, las autoridades electorales haciendo a un lado los porcentajes de votación obtenidos por la alianza ganadora, les concedieron un mayoría que no les corresponde.

Posteriormente, al instalarse el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados, aprobó utilizando su mayoría calificada la iniciativa de reforma constitucional, con el voto en contra de los partidos de oposición, haciendo caso omiso a los reclamos de los trabajadores del Poder Judicial de la federación y a los estudiantes de las Escuelas y Facultades de derecho de la UNAM y de Universidades privadas, quienes les solicitaron escuchar sus planteamientos y tratar de que sus propuestas fueran incluidas en el proyecto final, a lo que se negaron rotundamente.

De nada sirvió la marcha ciudadana del Frente Cívico Nacional, de México Unido y de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación del pasado 8 de septiembre, que se llevó a cabo en la ciudad de México y en las capitales de los estados del país, como Chihuahua, Guadalajara, Hermosillo, Mazatlán, Orizaba Veracruz, Puebla, san Luis Potosí, Torreón Coahuila y Xalapa entre otras ciudades.

Los legisladores del partido oficial y aliados, emularon, lo que antes hicieron los gobiernos del período neoliberal y que tanto criticaron, señalando que no son iguales, pero en los hechos su actitud de soberbia y cerrazón al dialogo fue evidente, haciendo a un lado las justas demandas de ciudadanos que también son pueblo y que no por el hecho de estar en contra de sus actos, se les puede calificar como conservadores o traidores a la patria, o de defender los privilegios de los Ministros de la Corte.

Ni las suspensiones emitidas por dos jueces de distrito, para evitar se llevara  a cabo la discusión y aprobación de la reforma constitucional por la Cámara de Diputados y posteriormente la de Senadores, fueron suficientes para frenar su aprobación, lo que implica un desacato de los legisladores, que antepusieron su afán de complacer al presidente y de consumar su venganza en contra del Poder Judicial de la federación, antes de cumplir y hacer cumplir la Constitución General de la República y las leyes que de ella emanen como la ley de Amparo, violando el juramento que hicieron al protestar el cargo.

Ante dicho panorama y buscando argumentos jurídicos, que me permitieran conocer a fondo los beneficios de la reforma constitucional al poder judicial, que se ha anunciado por la Cámara de Senadores, será publicada el domingo 15 de septiembre en el Diario oficial de la federación, para entrar en vigor al día siguiente, encontré que, aunque en el discurso el presidente AMLO, Morena, PT y PVEM nos han dicho que en la elección del dos de junio el pueblo votó porque se aprobaran las reformas del plan C o segundo piso de la 4T, consulté a un grupo importante de ciudadanos, estudiantes, amas de casa, trabajadores y organizaciones para saber si a ciencia cierta, al dar su voto a los candidatos de Morena y aliados, sabían que ello significaba que también pedían se aprobara la reforma al poder judicial, la mayoría de ellos dijo que estaba de acuerdo en elegir a los jueces y Ministros (no les queda claro el papel de los magistrados) porque les parecía bien, pero no sabían que ello significaba despedir a todo el personal actual y que serían propuestos por Morena y aliados para hacerse del control total de dicho poder.

Incluso a estas fechas, no es posible encontrar los beneficios que objetivamente tendrá la población con la reforma, ya que los problemas que se originarán son los siguientes:

1.-Aunque AMLO ha dicho, qué con la reforma, se busca acabar con la corrupción de los jueces, magistrados y Ministros, el despido de todos, aún de aquellos que en toda su carrera han tenido una trayectoria intachable, es injusto y no garantiza que los que se elijan por votación del pueblo, no incurrirán en prácticas corruptas.

2.-Con el despido de los Ministros, magistrados y Jueces, se pone fin a la carrera judicial, que por años, permitió a la mayoría de ellos ascender en el Poder Judicial, por lo que ahora los nuevos funcionarios, aún con el título de abogados, con experiencia de tres años y con promedio de ocho, dejarán mucho que desear en su labor, por la inexperiencia y falta de conocimientos en la impartición de justicia.

3.-La reforma, no prevé un mecanismo que evite la intromisión de los partidos y grupos políticos en la postulación de los candidatos y además que el crimen organizado postule a jueces que respondan a sus intereses. Hoy tenemos desde Diputados, Senadores, Gobernadores y Presidentes Municipales cuyas campañas fueron financiadas por los carteles, sin que ninguna autoridad electoral o judicial haya impedido su postulación y triunfo.

4.-La división de una Presidencia de la Suprema Corte, del Tribunal de Disciplina Judicial y de un área de administración, desatará una lucha interna de poder, en la que los grupos políticos harán valer su autoridad y se afectará gravemente la impartición de justicia.

5.-Es lamentable para México, que los foros para la discusión del proyecto de reforma hayan sido una simulación y una burla para quienes de buena fe participaron a sabiendas de que Morena y aliados, no le iban a cambiar ni una coma al proyecto.

6.-El utilizar a un personaje como el senador suplente Miguel Ángel Yunes Linares para lograr el voto que le diera la mayoría calificada en el senado a Morena, PT y PVEM para la aprobación de la reforma, sólo demuestra que se busca terminar con la corrupción, aliándose con personajes corruptos, negociando impunidad para ellos a cambio de su voto.

7.-El teatro armado por MC con el senador Daniel Barreda, supuestamente levantado y que después apareció en la escena pública, sin asistir a la votación en la aprobación de la reforma en el senado; deja muchas dudas, pero no olvidemos la relación de AMLO con Dante Delgado y que está por resolverse la impugnación de Morena y aliados en la elección de Guadalajara, que pudo ser negociada para MC con la ausencia del senador a la votación; en próximos días sabremos si ese fue el acuerdo y finalmente les avalan el triunfo las autoridades electorales.

Aquí cabria el dicho de un maestro universitario de la facultad de Derecho de la BUAP, cuando analizaba situaciones similares en las que las partes utilizaban malas prácticas para alcanzar sus objetivos: se juntaron los cochinos con los marranos y ganaron los más trompudos.

8.-La incertidumbre financiera y la salida de capitales del país, así como el hecho de que inversionistas que tenían planeado invertir en México, se vayan a otros países que les garanticen una independencia judicial, es por ahora un fantasma que afecta la situación económica del país por la aprobación de la reforma.

9.-Finalmente, el grave retroceso que tendrá en el país, la impartición de justicia y la solución de los expedientes y juicios en trámite que acumulan meses y años de atraso y que al darse primero las elecciones y llegada de nuevos funcionarios, podrían significar se retrasen aún más entre cinco a diez años, en los que los ciudadanos deberán esperar las sentencias, por haberse antepuesto un capricho del presidente, al derecho de los mexicanos de acceder a la justicia establecido como un derecho humano en nuestra Constitución.

                                 *Director fundador del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla

Libros de texto

Cartas a Gracia
Estimada Maestra:
Sirva la presente para externar el reconocimiento a una institución, ignorada por unos y agraviada por otros: la Comisión Nacional del Libro de Texto Gratuito (CONALITEG); organismo que, independientemente de posturas ideológicas divergentes, como las manifestadas por organizaciones como la Unión Nacional de Padres de Familia y otras similares, entre ellas, las que se opondrían a la enseñanza de la educación sexual integral y a la agenda 20/30 en las escuelas de educación obligatoria; lo mismo que quienes defenderían sus intereses económicos so pretexto del resguardo de la libertad de elección de la educación de sus hijas e hijos que tendrían padres de familia, entre ellos, la Cámara de la Industria editorial. La CONALITEG realizaría un esfuerzo que no vislumbrarían sus usuarios; entre los que se podrían mencionar niñas, niños y adolescentes de preescolar, primaria y secundaria (usuarios primarios); madres, padres de familia y tutores, todos ellos docentes exoficio en casa y por supuesto, maestras y maestros; quienes en la comodidad de sus escuelas, los recibirían sin aquilatar adecuadamente, el esfuerzo que realizarían los diferentes involucrados en los procesos de producción y distribución de los Libros de Texto Gratuito
Reconocimiento que se originaría por la lectura del “Comunicado 121 Este mes concluye entrega de Libros de Texto Gratuitos para Ciclo Escolar 2024-2025: SEP” Gracia; publicado en el sitio institucional el 8 de septiembre del año en curso y mediante el que notificaría que la entrega de los libros de texto gratuito a todos los niños y la niñas de escuelas de “preescolar y secundaria […] al igual que los materiales educativos de Telesecundaria”, se realizaría antes de que concluya el mes de septiembre. El documento daría a entender que, previamente, los mismos se habrían suministrado en agosto y coincidiendo con el inicio del ciclo escolar 2024-2025, a todas las escuelas primarias públicas y privadas. Un comunicado previo, el número 4 (12 de febrero de 2024) aludiría a la distribución “153 millones de libros durante el actual ciclo escolar 2023-2024”.
Otros datos y políticas de la institución fundada en 1959 a instancias de Jaime Torres Bodet en la administración de Adolfo López Mateos, se podrían revisar en la publicación digital: Avance y resultados Enero 2023-Junio 2024 de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (https://acortar.link/s9W6Ck), que, en el apartado 2, precisaría la fecha de creación (12 de febrero de 1959) y de su transformación en organismo público descentralizado (28 de febrero de 1980) de la administración pública federal; encargado de “la impresión, adquisición y distribución de los libros de texto gratuito y demás materiales educativos”. Tras detallar los fundamentos de su accionar, rendiría un informe de resultados de su trabajo, señalando que “para el ciclo escolar 2023-2024” se producirían “154.9 millones de libros de texto gratuito [187 títulos de educación básica en el marco de la Nueva Escuela Mexicana, y 180 títulos de educación indígena]”; 12 935 “en formato braille”, al igual que 83 680 en formato macrotipo” (orientado a cubrir las necesidades educativas de los débiles visuales). A ellos, se sumarían 3.02 millones de libros de educación indígena; publicados en el transcurso del ciclo escolar como siguiente cita: “los libros de texto gratuitos y materiales educativos [según el avance de resultados, serían] distribuidos a 24.8 millones de alumnas y alumnos y 1.2 millones de docentes de educación básica para el ciclo escolar 2023-2024” y la logística de distribución requeriría, según la misma fuente, de 4 420 viajes; 320 vehículos; 228 almacenes regionales y 137 centros de acopio; todo esto, sin contar el trabajo voluntario de madres, padres de familia, personal de presidencias municipales y juntas auxiliares.
Meta de distribución y avance al 28 de agosto de 2023 de los libros de texto gratuitos y materiales educativos de educación básica para el ciclo escolar 2023-2024
Nivel educativo de Educación básica
Meta de Distribución en ejemplares
Porcentaje de la meta alcanzado el 28 de agosto de 2023
Fecha en la que finalizó la distribución
Preescolar
4,780,887
100%
14 de julio de 2023
Primaria
91,442,589
100%
16 de agosto de 2023
Secundaria
42,456,648
21.46%
16 de octubre de 2023
Telesecundaria
12,400,687
42.73%
16 de octubre de 2023
Total
150,369,521
66.05%
Fuente: Dirección de Distribución. Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos.
La CONALITEG merecería 3 parágrafos en el 6º informe de Gobierno en los que recordaría la función del organismo, al tiempo que reiteraría la cifra de producción y distribución de los libros de texto gratuito en sus diferentes formatos citados previamente, y cuya fuente sería el Avance y resultados Enero 2023-Junio 2024. Adelantaría que “para el ciclo escolar 2024-2025, el catálogo de libros de texto y materiales educativos se conformará por 105 títulos de preescolar, primaria, telesecundaria, secundaria, educación especial (Braille y Macrotipo) y 180 de educación indígena. Se concluirá la impresión de 162.7 millones de libros de texto gratuitos y materiales educativos. Se prevé la distribución de 160.3 millones de libros”.
La misión encomendada a los libros de texto quedaría más que clara en dos líneas del tercer párrafo y le daría la razón a quienes cuestionan la función ideológica que la política pública les habría asignado, al señalar que: “La Nueva Familia de Libros de Texto Gratuitos que promueve la NEM, se presenta como una herramienta para entender la realidad histórica y cultural del país, son un instrumento de crítica social sin olvidar la mirada pedagógica. Su finalidad es formar sujetos críticos, libres, autónomos y sensibles al dolor de la humanidad, que egresarán para sembrar la tierra, innovar en la ciencia, promover la cultura, defender la democracia y sobre todo, corresponsables; pensar en los otros para construir el bienestar común”.
El San Benito lo daría la “carencia” de series históricas que permitieran conocer la evolución de la producción y distribución de los libros de texto gratuito y como cubrirían las necesidades de niñas, niños y adolescentes; aunque, en su descargo habría que resaltar el trabajo que realizan mediante el acopio de libros en desuso y otros materiales reciclables en la producción posterior de libros de texto.

Educación superior en cifras

Cartas a Gracia 

Estimada maestra:  

  

El Boletín 116 Alcanza esta administración matrícula de 5.4 millones de estudiantes en Educación Superior: SEP, publicado el 30 de agosto de los corrientes, daría cuenta de algunas afirmaciones que tendrían por lo menos que confrontarse con los textos establecidos; entre ellas, la “Ley General de Educación Superior establece obligatoriedad de este tipo educativo” atribuida a Luciano Concheiro Bórquez, subsecretario de educación superior en funciones. El mismo boletín comunicaría “apoya a un millón de estudiantes inscritos en escuelas prioritarias con una beca de dos mil 800 pesos mensuales hasta por 10 meses [y, adicionalmente, que el país alcanzaría una] matrícula de 5.4 millones de alumnas y alumnos en nivel Superior”; cifra que diferiría en 207 382 alumnos a los 5 192 618, consignados en el prontuario Principales cifras 2022-2023; matrícula que de acuerdo al opúsculo citado, sería resultado de la suma de los alumnos inscritos en las modalidades “escolarizada más no escolarizada” y significaría un incremento de un 3.84% entre los dos últimos ciclos escolares.   

 

La alusión de Concheiro tendría sus bemoles y diferiría de la obligación que tendrían padres y madres para enviar a sus hijos a cursar la “educación obligatoria” (establecida en el primer párrafo del Artículo 6 de la LGE), y se referiría a la responsabilidad constitucional que tendría el Estado para impartir este tipo de instrucción, así como lo plantea el Artículo 3º de la Ley General de Educación Superior: “La educación superior es un derecho que coadyuva al bienestar y desarrollo integral de las personas. La obligatoriedad de la educación superior corresponde al Estado conforme a lo previsto en el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte y las disposiciones de la presente Ley”. Ordenamiento contemplado previamente por el parágrafo cuarto del Artículo 6 de la Ley General de Educación: “La obligatoriedad de la educación superior corresponde al Estado en los términos dispuestos por la fracción X del artículo 3o. constitucional y las leyes en la materia”; señalando a la letra: “La obligatoriedad de la educación superior corresponde al Estado. Las autoridades federales y locales establecerán políticas para fomentar la inclusión, permanencia y continuidad, en términos que la ley señale. Asimismo, proporcionarán medios de acceso a este tipo educativo para las personas que cumplan con los requisitos dispuestos por las instituciones públicas.”. Principio que se aplicaría de manera gradual y progresiva, siempre sujeto a la disponibilidad presupuestal, como lo contemplaría, entre otros, el Artículo II transitorio de la LGES; aunque la fracción X del Artículo 67 autorice que las “instituciones públicas de educación superior, con apoyo de la Secretaría, podrán llevar a cabo programas y acciones para incrementar sus recursos, así como ampliar y diversificar sus fuentes de financiamiento, sin menoscabo del principio constitucional de gratuidad en los términos establecidos en la presente Ley”. Ingresos entre los que por “usos y costumbres” se contemplan los derechos de inscripción que las IES públicas cobran a los estudiantes.  

 

En la página 190 se explicitarían los niveles y porcentaje de matrícula que integran a la educación superior (técnico superior universitario 3.9%, normal licenciatura 3.2%, licenciatura universitaria 87.1%, y posgrado 5.8%); porcentaje de alumnos por sexo (47.1% hombres, 52.9% mujeres; porcentaje de alumnos por sostenimiento (13.1% federal, 20% estatal, 29% particular y 37.9% autónomo). A 4 520 ascenderían las instituciones de educación superior (pág. 191), que darían origen a 7 128 escuelas y a 48 113 carreras activas en las modalidades escolarizas y no escolarizada. Las 5 entidades con mayor número de alumnos de los 4 032 931 que configurarían la matrícula de subsistema escolarizado (pág. 192) serían: Ciudad de México 551 879; México 449 396; Puebla 262 342; Jalisco 256 784 y Nuevo León 240 776; y las 5 entidades con mayor número de docentes serían la Ciudad de México 72 551; México 43 915; Jalisco 26 065; Puebla 19 284 y Nuevo León 18 892. Las 5 entidades que albergan al mayor número de las 8 160 escuelas serían: México con 828; Ciudad de México con 728; Veracruz con 504; Puebla con 485; y, por último, Jalisco con 406.  

 

El mapa “cobertura” [definida por el prontuario como (tasa bruta de escolarización): Número total de alumnos en un nivel educativo al inicio del ciclo escolar, por cada 100 personas del grupo de población con la edad reglamentaria para cursar ese nivel] (pág. 196) ubicaría a la Ciudad de México con una cobertura de 120.1%; Nuevo León con 55.9%; Sinaloa con 55.8%; a Puebla con 52.7% y a Querétaro con 46.4%. En tanto quienes tendrían menor cobertura serían Chiapas con un 20.6%; Oaxaca 22.1%; Guerrero 23.7%; Michoacán 30.1%, Tlaxcala 32%; y finalmente, Quintana Roo 32.7%. En cuanto a la absorción, entendida como el “número de alumnos de nuevo ingreso a primer grado de un nivel educativo, por cada 100 alumnos egresados del nivel y ciclo escolar inmediatos anteriores”, destacarían en primer lugar la Ciudad de México con 129.5% seguido de Sinaloa con un 128.2 %; Sonora 116.3%, Puebla 113.8%; Querétaro 107.6%; y a tan solo 6 décimas porcentuales, Yucatán con un 107%. La media nacional de este indicador se situaría en un 88.8%. La eficiencia terminal, definida como el “número de alumnos que egresan de un determinado nivel educativo en un ciclo escolar, por cada 100 alumnos inscritos en la cohorte escolar inicial del mismo nivel” se situaría en 68.6% promedio nacional. 

 

Las cifras y los porcentajes permitirían correlacionar a los diferentes indicadores y sacar conclusiones personales, evitando de esta manera que quienes tienen el privilegio de la información te sorprendan con interpretaciones triunfalistas, alejadas de la realidad Gracia.  

Crisis constitucional y del estado de derecho

                                                “Dr. Julián Germán Molina Carrillo.

La semana próxima, es crucial para el futuro del país y de todos los mexicanos, debido a que el martes seguramente el Senado de la República aprobará en lo general, el dictamen de reforma constitucional del Poder Judicial de la Federación, aprobado por la Cámara de Diputados, aplicando su mayoría calificada y pasando por alto dos suspensiones provisionales de dos Jueces de Distrito, dictadas a fin de evitar se llevara a cabo la discusión y en su caso aprobación de dicha reforma, de gran trascendencia para nuestro estado de derecho y sistema constitucional.

La promesa del Presidente Nacional de Morena, Mario Delgado, ante los Diputados federales de su partido y de sus aliados PT y PVEM, de darle de regalo al Presidente López Obrador la aprobación de la reforma al poder judicial, antes de que entregue la banda presidencial a Claudia Sheinbaum, pesó más que la obligación de los legisladores de respetar el Reglamento de la Cámara que norma el proceso legislativo y así en menos de cuarenta y ocho horas, fuera del recinto de San Lázaro votaron sin más la reforma, sin dialogar con los trabajadores del Poder Judicial Federal, de los estudiantes de la UNAM y de las Universidades privadas que se sumaron al movimiento de rechazo a la aprobación de dicha reforma, nos demostraron que los foros llevados a cabo en todo el país, fueron una simulación y que las propuestas y críticas a la iniciativa presidencial, quedaron en el olvido, porque lo más importante era cumplir puntualmente con el regalo presidencial, sin importar la opinión de los ciudadanos que no les dieron su voto en las elecciones del pasado dos de junio y que representan dos terceras partes de la población, del paro nacional de trabajadores del Poder Judicial de la federación, al que esta semana se sumaron ocho ministros de la Corte que están en contra de la aprobación de la reforma y nos permitió ser testigos del fuera máscaras  de las tres ministras Morenistas: Lenia Batres, Yasmin Esquivel y Loretta Ortíz que no tuvieron empacho en sumarse a los “estudiantes universitarios” que están a favor de la aprobación de la reforma y contra la Ministra Norma Piña, que ha sido víctima de violencia política de género por el aparato de estado.

De nada han servido, las opiniones de las calificadoras internacionales, de los gobiernos de Estados Unidos y Canadá, que ven un alto grado de riesgo para invertir y conservar sus negocios en México, ante la desconfianza que origina un poder judicial controlado por el partido gobernante y que estará sujeto a la voluntad de la próxima presidenta, incluso con las declaraciones de dicho gobiernos de que de aprobarse la reforma, iría contra lo establecido en las cláusulas del T-MEC y de que el gobierno mexicano, podrían enfrentar demandas y litigios ante tribunales internacionales; de las marchas ciudadanas en todo el país contra la aprobación de la reforma; del hecho de que la semana pasada el dólar llegó a superar la barrera de los veinte pesos en el tipo de cambio, por todos los problemas que se avecinan en el país por la reforma al poder judicial ;nada de eso le ha importado al presidente y su partido, que a estas fechas ya han superado el primer filtro tocando ahora el turno a la Cámara de Senadores, que ya se apresta a ponerle el moño al regalo presidencial.

Uno de los personajes centrales de este debate en la aprobación de la reforma en la Cámara de Diputados, ha sido el ex senador Ricardo Monreal líder de la fracción de Morena, que acusó a los jueces de distrito que concedieron las suspensiones provisionales en contra del proceso de aprobación de la reforma por la Cámara de Diputados de ser violadores de la Constitución acusándolos de servir a los intereses de la oposición por tratar de frenar la aprobación.

Es de llamar la atención, el discurso de Monreal contra el Poder Judicial, usando los mismos argumentos del presidente y tirando línea a los diputados de Morena, a fin de que se ignoraran las suspensiones por ser “contrarias a la Constitución” e imponiendo a toda costa la celebración de las sesiones con el resultado de todos conocido.

Por lo anterior, me pregunto: ¿realmente quiénes son los violadores de la Constitución? Los jueces qué aplicando la ley, trataron de obligar a la Cámara de Diputados a apegarse a los lineamientos de su reglamento y a respetar el estado de derecho; o los diputados federales a las órdenes de Monreal, que siguieron fielmente sus instrucciones para romper la legalidad y violar las suspensiones.

Es muy importante resaltar qué si alguien tienen un rencor especial en contra de la Suprema Corte de Justicia, además del presidente AMLO, es Ricardo Monreal, por las resoluciones de los Ministros, donde se echaron abajo diversas iniciativas, que previamente ya habían sido aprobadas por ambas Cámaras, precisamente por ser inconstitucionales, corrigiendo la plana a diputados y senadores de Morena y partidos aliados, que las aprobaron siguiendo órdenes del inquilino de palacio nacional.

Por ello Monreal, la Cámara de Diputados y el propio presidente, han roto el estado de derecho y con sus actos, nos están dando como mensaje a los ciudadanos, que usando la mayoría de votos que obtuvieron en las elecciones del pasado dos de junio y en nombre del pueblo sabio, se vale desacatar las resoluciones de los jueces e imponer arbitrariamente decisiones, aún y cuando sean inconstitucionales.

Lo que sigue ahora, es que la reforma aprobada por la Cámara de diputados,se apruebe el martes próximo en el pleno de la Cámara de Senadores, donde a Morena y aliados, les falta sólo el voto de un senador de los 43 que conforman el bloque opositor, para contar con la mayoría calificada y sacar adelante la reforma, quedando únicamente pendiente, la aprobación de los Congresos de los Estados para que sea publicada y se convierta en ley.

Por ahora Morena y los partidos PT y PVEM, con el apoyo del gobierno federal, están abocados en lograr convencer o comprar el voto o ausencia de sólo un senador, para consumar la aprobación de la reforma; resulta paradójico que sea el número 43 el que de nueva cuenta se convierta en un obstáculo para las decisiones del presidente, en similitud a los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, que el gobierno actual, no pudo resolver y que heredará a la nueva presidenta.

El voto de un senador, separa a México de lograr no se apruebe en forma definitiva la reforma al poder judicial y prevalezca la división de poderes como la conocemos hasta ahora, o de que se dé un golpe mortal a la impartición de justicia y a partir de 2025, nuestros Ministros, Magistrados y Jueces, sean los fieles servidores de la presidenta, militantes de Morena y subordinados a las decisiones de su partido, aunque se nos diga que fueron elegidos por el pueblo.

*Director fundador del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla.

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